CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

El Plan de Prevención de Riesgos Penales

¿Puede una persona jurídica cometer un delito?

Sí, y responde por los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. También responden de los delitos cometidos en el ejercicio de su actividad y por su cuenta y provecho por quienes, estando sometidos a la autoridad de representantes y administradores, hayan cometido los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control.

¿Qué es el Plan de Prevención de Riesgos Penales?

Se pueden denominar con este nombre los modelos de organización y gestión de la empresa que incluyan las medidas de vigilancia y control para prevenir delitos o reducir el riesgo de su comisión, cuya supervisión corresponde a la propia persona jurídica por medio de su administrador o el órgano al que se encomiende esa tarea.

¿Por qué es útil?

Por dos razones. Una, digamos preventiva, porque si los representantes, administradores o empleados cometen un delito por el que la persona jurídica deba responder, ésta puede eximirse de su responsabilidad penal si acredita haber implementado un Plan de Prevención que los autores individuales del delito han eludido fraudulentamente, siempre que no se haya producido una omisión o ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano encargado.

La otra, llamémosle responsable, es la mejor imagen que la empresa que lo adopta proyecta en el tráfico económico: supone una mejor calificación de riesgo por parte de las entidades financieras y facilita sus tratos con la persona jurídica que adopta una actitud responsable en la prevención de delitos y está atenta a las modificaciones legales.

¿En qué consiste?

El Plan de Prevención de Riesgos Penales, tal como lo exige el Código Penal, ha de contener lo siguiente:

a) identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deban ser prevenidos;

b) establecer procedimientos que concreten la formación de la voluntad de la persona jurídica, sus decisiones y ejecución;

c) disponer la prevención en el manejo de los recursos financieros de la misma;

d) imponer a los integrantes de la persona jurídica la obligación de informar de los riesgos e incumplimientos que adolezca el Plan;

e) prever un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de las medidas que contenga el Plan;

f) realizar una verificación periódica del modelo y su modificación a fin de mantenerlo actualizado.

¿A quién protege?

Principalmente a los socios, pero también a los proveedores y acreedores y a la propia empresa. Piénsese que una condena penal a la persona jurídica puede suponer un grave quebranto económico:

a) a sus socios, que pueden ver en riesgo no ya el reparto de dividendos, sino el propio capital aportado;

b) a proveedores y acreedores, puesto que el deterioro de la cuentas que lleva aparejada la condena -que supone siempre una importante sanción económica- influye en el periodo medio de cobro, cuando no supone un riesgo de impago;

c) a la propia empresa, entendida como el capital humano que la integra, dado que la mantiene al margen de la actividad criminal de quién pretenda utilizarla como paraguas y la aleja de los riesgos de incurrir en pérdidas, impagos o disolución y liquidación.

¿Es caro implementarlo?

No, y no debería serlo en ningún caso. Primero, porque se trata en definitiva de implementar conductas que dicta el mero sentido común; segundo, porque los modelos de organización y gestión que se adopten pueden y deben plasmarse en documentos breves y sencillos. Un Plan de Prevención de Riesgos Penales solo resultará efectivo -y por tanto, valdrá lo que se pague por él- en la medida en que sea fácil e intuitivo. Nada desalienta más que un manual de estilo o un código de conducta que parezca el tomo de una enciclopedia, o el manual para pilotar un avión.

¿Y difícil?

Tampoco. Se puede redactar en un documento disponible para todos en la empresa y aprobar en la Junta de accionistas más próxima, incluyéndola como anexo al Acta de la misma.

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