CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

27/06/2016

Tribunal Supremo: la obtención de una licencia de uso de un programa informático con su soporte y por tiempo indefinido equivale a su primera venta o transmisión, y supone el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual del titular del programa

Un día de abril de 2011, una empresa de Gijón llamada Bittia Comunicación, recibió en sus oficinas la visita de una comisión judicial, que se presentó junto con un técnico en informática con el fin de examinar el contenido de los discos duros de los distintos ordenadores y el servidor de la empresa y comprobar si se estaban o no utilizando reproducciones no autorizadas de programas de ordenador que fueran titularidad de Microsoft, Adobe o Autodesk -en cuyo interés se practicaba la intervención-, que estuvieran siendo utilizados en esa oficina y las demás sedes de la empresa en España.

En el registro, se encontraron copias no autorizadas en tres equipos informáticos de Bittia. La empresa no había comprado las copias, sino que las alquilaba a otra empresa llamada Isastur, que cedía su uso a Bittia a cambio de una renta.

Conforme a la ley española y de la Unión Europea, así como los distintos convenios internacionales que rigen la propiedad intelectual, la empresa que crea un programa informático o un software se convierte en titular de la propiedad intelectual de ese programa o software por el mero hecho de su creación. Esa condición de propietario da derecho a explotar económicamente la propiedad intelectual, es irrenunciable -no se puede vender pero sí ceder- y se mantiene durante los siguientes 70 años desde la creación.

Así, cuando se comercializa un programa informático mediante un soporte CD, DVD o a través de una plataforma de distribución digital -internet- y alguien lo compra, lo que adquiere es la propiedad de la copia del programa y de su soporte, pero no la propiedad misma del programa, del cual solamente se adquiere un derecho de uso, que el propietario cede a través de una licencia.

En esta situación, Microsoft, Adobe y Autodesk demandaron a Bittia, solicitando que se declarara su titularidad de los derechos de explotación sobre los programas de ordenador instalados en las oficinas de la empresa y que la reproducción no autorizada de dichos programas constituía una violación de sus derechos de propiedad intelectual; en base a ello, que se la condenara a indemnizarlas en concepto de daños y perjuicios en la cantidad de 67.166,41 euros y a cesar en la utilización de los programas y destruir las copias halladas en sus oficinas.

La demanda fue plenamente estimada tanto por el Juzgado de lo Mercantil como por la Audiencia Provincial de Asturias.

Ambos tribunales partieron de la base que Bittia obtuvo los programas merced al contrato de arrendamiento suscrito con Isastur y que ésta última era la única titular de la licencia de uso de los programas. En consecuencia, Bittia no obtuvo esa licencia de uso sobre los programas y, por otro lado, de haberla obtenido, la ley de propiedad intelectual no autoriza la distribución a terceros de los programas de ordenador por quien tiene una licencia de uso, si no es autorizada por su titular. Por tanto, el uso que hacía de los programas de las demandantes no era legítimo.

Bittia recurrió ante el Tribunal Supremo invocando la llamada doctrina del agotamiento, según la cual, cuando un programa informático se distribuye mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, el derecho de explotación del titular se agota con la primera venta, de forma que el titular no puede oponerse a las reventas sucesivas de esa copia.

En su apoyo citó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -caso UsedSoft GmbH y Oracle International Corp.- que, en un caso parecido, dictaminó que la obtención de una licencia de uso de un programa informático con su soporte y por tiempo indefinido equivale a su primera venta o transmisión, pues implica la transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador de que se trata y supone el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual del titular del programa. En aquella ocasión, el TJUE afirmó que debía darse una interpretación amplia al término "venta", y entenderse que abarca todas las modalidades de comercialización de un producto que se caractericen por la entrega de un derecho de uso a cambio del pago de un precio al titular de los derechos de autor, con independencia de la denominación que se diese al negocio.

Aplicado al caso concreto, la adquisición por Isastur de los derechos de uso equivaldría a la adquisición de su propiedad y, sentado el agotamiento del derecho de distribución, quedaría legitimada para ceder y transmitir los programas a Bittia y, puesto que mediaba una contraprestación, lo que había era una reventa a la que los titulares no podían oponerse pues su derecho se había agotado.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 1 de junio de 2016, no aceptó el argumento de Bittia y desestimó su recurso. Aunque admitió la pertinencia de la cita del TJUE y que tanto el Juzgado como la Audiencia no habían valorado correctamente el agotamiento del derecho del titular, en su caso concreto lo que había era un alquiler de las copias, y por mucho que se diese una interpretación amplia al término "venta", lo cierto es que los alquileres no están incluidos en el agotamiento de los derechos de explotación pues, en el alquiler de los programas, el cedente de las copias de los programas no transmite su propiedad.

De hecho, el propio TJUE exige que el adquirente inicial que revende la copia de un programa, para no violar el derecho exclusivo del titular, debe inutilizar la copia descargada en su ordenador, en el momento de revenderla.

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