CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

22/04/2016

Tribunal Supremo: la Administración será responsable de los accidentes de circulación que se produzcan como consecuencia del deficiente estado de conservación de la carretera

Un día de junio de 2009, dos ciclistas salieron a la carretera que va de Pamplona a Francia. Tras llegar a un tramo descendiente del puerto de Ibañeta, uno de ellos pasó sobre un bache en la calzada, perdió el control de su bicicleta y cayó al suelo; fue trasladado al hospital en helicóptero y, tras once meses ingresado, volvió a su casa con una tetraplejía permanente e irreversible que desde entonces le impide moverse por debajo de los hombros.

El accidentado reclamó una indemnización a la administración responsable del mantenimiento de la calzada -Departamento de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra-, la cual, si bien aceptó su responsabilidad del accidente por el deficiente estado de conservación de la carretera que propició a la postre el accidente, estimó que existía una culpa concurrente del ciclista por circular, a su juicio, muy por encima de la velocidad aconsejada para aquel tramo, y estimó la concurrencia de culpas en un 50%, reconociendo una indemnización de 360.648 euros para él y 17.000 euros para su esposa.

Disconforme, impugnó la indemnización ante los tribunales: el Tribunal Superior de Justicia de Navarra estimó que la culpa del accidente fue exclusiva de la administración y aumentó las indemnizaciones hasta 1.070.559 euros en el caso del ciclista, y 131.046 para su esposa, pronunciamiento confirmado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de marzo de 2016.

Para ambos tribunales, tuvo especial importancia como prueba el atestado realizado con ocasión del accidente por la División de Tráfico de la Policía Foral de Navarra, en el que se constató la existencia de dos baches y la existencia de contrastes de luz y sombra debido a los árboles que bordeaban la carretera, que hacían que los baches no fueran perfectamente visibles; la velocidad máxima en la vía era la genérica de 90 kilómetros por hora, y el tramo contaba con una señal vertical que indicaba una velocidad máxima aconsejada de 30. También reflejaron la existencia de restos de sangre a 3 metros de uno de los baches, al que consideraron, en definitiva, como causa eficiente o principal del accidente, sin la cual éste no se habría producido.

El atestado también recogió las manifestaciones del testigo del accidente -el otro ciclista-, que declaró que su compañero cayó de bruces sobre la carretera al pasar sobre el bache, sin rodar y quedando en el sitio de la caída y que, si bien no llevaban mucha velocidad, el casco que llevaba se partió con la caída.

Los datos consignados en el atestado fueron corroborados por los peritos designados por el Tribunal, que determinaron la velocidad de la bicicleta por debajo de la máxima aconsejable y concluyeron, por los precisos indicios recogidos en el atestado, que el accidente se produjo tal como el otro ciclista relató a la Policía Foral, sin que el accidentado tuviera margen alguno de reacción para evitar los baches.

Sentada la responsabilidad de la administración, la indemnización que debe satisfacer se otorga a la vista de que el perjudicado necesitará, durante toda su vida, de una tercera persona para todos los actos de su vida cotidiana, incluso los más básicos, así como que su vivienda ha de ser adecuada al hecho de necesitar desplazarse a todos sitios en una silla de ruedas.

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