CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

08/04/2016

Tribunal Superior de Justicia de Madrid: la degradación de funciones en el trabajo supone un perjuicio a la formación profesional y el menoscabo de la dignidad del trabajador, que le facultan a exigir la terminación indemnizada de su contrato de trabajo

En el caso, el trabajador prestaba sus servicios como inspector para una empresa de transporte de pasajeros desde el año 1972. Sus funciones eran la expedición de billetes y la inspección en ruta en horario de mañana y tarde, contando para ello con un amplio poder de decisión dentro de la empresa y estando supeditado únicamente a la dirección de la misma.

A raíz de unas desavenencias en el pago de sus salarios y horas extraordinarias que terminaron con trabajador y empresa en los juzgados, ésta, como represalia, le asignó en diciembre de 2013 un nuevo puesto de trabajo en la taquilla que la empresa tenía en la estación de autobuses de Tarancón -provincia de Cuenca-, donde se encargaría de la expedición de billetes y títulos de transporte y privándole de sus funciones de inspector, que pasaron a ser tarea de otros trabajadores de la empresa.

Cuando se produce una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que redunde en perjuicio de la formación profesional o en menoscabo de la dignidad del trabajador, la ley le permite solicitar la extinción del contrato y percibir la indemnización prevista para el despido improcedente. Acogiéndose a esta facultad, el trabajador demandó a la empresa ante el juzgado de lo social de Madrid, el cual accedió a extinguir la relación laboral y condenó a la empresa a indemnizar al trabajador en cuantía que, por su antigüedad y salario, ascendió a 131.886,30 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de 18 de diciembre de 2015, confirmó la sentencia y la indemnización. Según el TSJ, para la extinción de un contrato de trabajo por este motivo, son necesarios dos requisitos: que exista una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de manera unilateral por el empresario, y que esta decisión empresarial resulte lesiva para la formación profesional o la dignidad de la persona trabajadora.

La modificación de las condiciones de trabajo ha de ser auténtica y permanente, de forma que los cambios breves y justificados no pueden ser considerados como motivo de extinción de un contrato de trabajo.

El perjuicio a la formación profesional y el menoscabo de la dignidad, por su parte, se ha de entender en los casos en que el empresario no encomienda al trabajador tarea alguna, o cuando le asigna funciones de grupos profesionales inferiores, o le impide la adquisición de conocimientos precisos para su desarrollo profesional, mediante actos empresariales cuya finalidad sea la de menoscabar la consideración social o la autoestima del trabajador, o cuando la medida supone un ataque al respeto que el trabajador merece ante sus compañeros de trabajo y ante sus jefes, como persona y como profesional y concurre el vaciamiento de funciones al que se ve sometido.

En el caso, tanto el juzgado como el TSJ estimaron que la empresa asignó de forma permanente un puesto de trabajo de inferior categoría mediante la privación de las funciones superiores de inspección y decisión que hasta entonces venía desempeñando, pese a contar con una capacidad de decisión, de mando y organización muy por encima de las funciones de taquillero o expendedor de billetes a las que quedó relegado.

Sentada la degradación de funciones, se estimó que tal decisión redundaba en perjuicio de su formación, pues difícilmente puede desarrollarse como inspector quien se ve relegado a efectuar tareas de expedición de billetes y privado de su capacidad de decisión, lo cual incide en el menoscabo de su dignidad tanto para sí como en su proyección externa frente a sus compañeros y socialmente, habida cuenta que la degradación tuvo lugar sobre un trabajador que ostentaba una antigüedad de 41 años y que había gozado de la confianza empresarial.

En esta situación ello -concluye el TSJ-, el trabajador no está en disposición, y no por su culpa, de continuar desempeñando pacíficamente sus funciones, y solo la resolución del contrato proporciona de modo definitivo la regularización de su situación.

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