CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

11/03/2016

Tribunal Supremo: la responsabilidad penal de la persona jurídica se basa en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización

En el caso, un grupo familiar dedicado al narcotráfico operaba con un entramado empresarial para importar droga a España desde Venezuela. El método: una empresa española, formalmente dedicada a la compraventa de maquinaria industrial, realizaba una venta a otra empresa de Venezuela, que se enviaba vía marítima en containers; una vez en Venezuela, la empresa adquirente simulaba la venta de la maquinaria a una tercera empresa que, a su vez, la revendía a la primera empresa española, disponiendo su envío por vía marítima y ocultando la droga que se pretendía enviar a España dentro de los containers.

El grupo, que ya era objeto de seguimiento por la Guardia Civil, cayó en 2011 luego de que se les encontraran 5.052 kilogramos de cocaína escondidos en dos retroexcavadoras, cuyo valor en el mercado se estimó en 258 millones de euros.

La Audiencia Nacional, amén de condenar a los responsables a penas que oscilaron entre los 9 y los 13 años de prisión, dispuso penas de multa y disolución para las empresas españolas involucradas por considerarlas como instrumentos para la comisión del delito; lo que dio pie, interpuesto recurso ante el Tribunal Supremo, a que este se pronunciase por primera vez acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En su sentencia de 29 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo comienza precisando que cualquier condena a una persona jurídica debe respetar todos los principios informadores del Derecho Penal -presunción de inocencia, derecho de defensa, proceso con garantías, etc. que asisten a cualquier otra persona encausada en un proceso penal. Seguidamente, precisa que la responsabilidad penal de la persona jurídica se basa en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización.

Para afirmar la responsabilidad penal de una persona jurídica, debe analizarse si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho como fuente de inspiración de la actuación de su organización e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de cualquier delito. Y ello -subraya- más allá de la eventual existencia de modelos de organización y gestión que pudieran dar lugar a la concurrencia de la eximente prevista para tales casos, que lo que persiguen es posibilitar la pronta exoneración de la persona jurídica en evitación de daños mayores para su reputación.

Así, el núcleo de la responsabilidad penal de la persona jurídica se sitúa en la ausencia de medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que evidencien una voluntad seria de reforzar la virtualidad de la norma, independientemente de aquellos requisitos, más concretados legalmente en forma de las denominadas "compliances" o modelos de cumplimiento exigidos para la aplicación de la eximente que, además, ciertas personas jurídicas, por su pequeño tamaño o menor capacidad económica, no pudieran cumplidamente implementar.

Se desliga pues la responsabilidad de la persona jurídica en la comisión de un delito de la pena que hubiera de imponérsele, de forma que será su actuación, y no el hecho de contar o no con un plan de prevención de riesgos penales, el dato determinante de absolución o condena de una empresa.

El Tribunal Supremo descarta extender esta doctrina a las llamadas sociedades pantalla, pues considera inapropiado extender a éstas las exigencias de mecanismos internos de control, dado que en estos casos puede optarse directamente por su disolución si se acredita que carecen de una verdadera personalidad jurídica, más allá del propósito criminal de quienes se sirven de ellas.

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