CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

05/02/2016

Tribunal Supremo: el importe de la tasa de recogida de basuras como cantidad asimilada a la renta, cuyo impago faculta al propietario de la vivienda a resolver el contrato y desahuciar al inquilino

En noviembre de 2011 se solicitó el desahucio de una vecina de Granollers por quien era la propietaria de la vivienda que habitaba. El motivo: no haber abonado el recibo de la tasa de basuras del ejercicio 2011, cuyo importe ascendía a 117,86 euros.

Llegados a juicio, la arrendataria opuso que el pago de la tasa no había sido pactado en el contrato y así se lo reconoció el Juzgado de Primera Instancia de aquella ciudad, argumentando que los contratos solo obligan a lo expresamente pactado.

No fue esa la opinión de la Audiencia Provincial de Barcelona, que quitó la razón a la arrendataria para dársela a la propietaria, estimando que el recibo de la tasa de basuras es una cantidad asimilada a la renta, cuyo impago faculta al propietario de la vivienda a resolver el contrato y desahuciar al inquilino; criterio que fue ratificado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de diciembre de 2015.

Para el Tribunal Supremo, las cantidades asimiladas a la renta son aquellas cuyo pago debe asumir el inquilino cuando así lo exija la ley que en cada momento de sea de aplicación al contrato.

Verbigratia, en 1964 la ley estipulaba que los costes y servicios -agua, electricidad, teléfono, etc- eran en determinados supuestos a cargo del arrendatario y, desde 1994, también era de su cuenta el recibo del IBI. Su impago supone el incumplimiento de una obligación dineraria añadida a la esencial del pago de la renta y faculta al arrendador a rescindir y desahuciar, pues lo contrario supondría forzar al arrendador a emprender cada año la reclamación de cada uno de los recibos impagados por el inquilino.

La ley atribuye al arrendatario el pago de tales conceptos. No obstante, el Tribunal Supremo añade que la interpretación de las leyes sobre arrendamientos, atendiendo a su espíritu y finalidad, también llevan a considerar la obligación del arrendatario de abonar los recibos de IBI. Bajo ese enfoque, se observa que la ley tiende a proteger al arrendador frente a incumplimientos de obligaciones de inexcusable cumplimiento por parte del arrendatario; más si cabe teniendo en cuenta la máxima protección de que gozan los arrendatarios con contratos anteriores a 1994, que debe verse correspondida por un escrupuloso cumplimiento de sus obligaciones.

El Tribunal Supremo estimó que esta doctrina era aplicable al caso y determina la consideración del importe de la tasa de recogida de basuras como cantidad asimilada a la renta, pues su pago ha de asumirlo el arrendatario por mandato legal, toda vez que el sujeto pasivo de la tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos es, conforme a la ley, la persona física o jurídica que resulte beneficiada por el referido servicio y se trata, además, de un servicio que se presta y en beneficio exclusivo del ocupante de la vivienda.

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