CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

18/12/2015

Tribunal Supremo: los propietarios de un terreno urbano o urbanizable que, conforme al planeamiento queda sin aprovechamiento urbanístico, pueden solicitar, y llegado el caso, forzar a la administración a que les expropie

Una promotora inmobiliaria solicitó la expropiación de uno de sus terrenos al Ayuntamiento de Bilbao, lo que le fue denegado por resolución en febrero de 2006. La empresa fue entonces interponiendo sucesivos recursos administrativos y contenciosos hasta llegar al Tribunal Supremo, el cual finalmente y en definitiva desestimó su pretensión, recordando su doctrina relativa a la llamada expropiación por ministerio de la ley.

Este tipo singular de expropiación presupone la existencia de un terreno urbano o urbanizable, afectado por un Plan de Ordenación urbanística que debe ejecutarse por el sistema de expropiación y que, por su calificación urbanística, no es edificable por sus propietarios ni puede ser objeto de cesión obligatoria a una junta de compensación donde entre en juego la equidistribución de cargas y beneficios. Es decir, tiene que darse una situación en la que el propietario se vea privado por el Plan o actuación urbanística de cualquier aprovechamiento urbanístico.

En estos casos, el propietario tiene derecho a que ese terreno se le expropie, y la administración, el deber de proceder a su expropiación. Si no lo hace en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor del plan o programa de actuación urbanística, el propietario puede advertir a la administración su intención de iniciar la expropiación, que podrá llevarse a cabo por ministerio de la ley si la administración persiste en su inactividad y transcurriesen otros dos años desde esta solicitud.

Es de notar que, hecha la advertencia a la administración, sus opciones son las siguientes:

a) denegar la iniciación del procedimiento, por entender que el terreno no es expropiable o no concurren los requisitos que la ley impone a la expropiación por ministerio de la ley, pudiendo en este caso el propietario acudir a los juzgados e impugnar esa decisión;

b) recalificar el suelo, de forma que la nueva calificación excluya el procedimiento expropiatorio: no obstante, esa nueva situación solo afectará al propietario si la recalificación se publica antes de la presentación de la Hoja de Aprecio;

c) incoar directamente procedimiento expropiatorio;

d) no hacer nada.

En este último caso, transcurrido ese plazo de dos años, el procedimiento de expropiación se tiene por iniciado y el propietario puede presentar Hoja de Aprecio a la administración, indicando el valor que a su juicio tiene el terreno. A partir de entonces, la administración no tiene ya poder para frustrar u obviar la expropiación y deberá limitarse a aceptar o no la Hoja de Aprecio en el plazo de tres meses; pasado el cual, podrá el propietario dirigirse directamente al Jurado Provincial de Expropiación a fin de que se fije el justiprecio del terreno.

La expropiación por ministerio de la ley supone una garantía para el ciudadano frente a la inactividad de las administraciones públicas en la gestión de su planificación urbanística, pues permite a los propietarios afectados la posibilidad de desbloquear una situación, creada por un Plan que la administración no se decide a ejecutar, y le permite obtener la compensación correspondiente a la privación que dicho Plan le impone.

En su sentencia de 27 de noviembre de 2015, el Tribunal Supremo subraya que esta garantía para los derechos de los administrados acentúa la obligatoriedad de los Planes y contribuye a paliar los perjuicios que para el titular de los bienes afectados por una expropiación urbanística supone la pasividad de la administración, evitando la indefensión de los propietarios que, como consecuencia del planeamiento urbanístico, quedan sin aprovechamiento alguno, facultándoles para forzar a la administración a que les expropie, facultad que constituye una excepción a la regla general, según la cual no se puede obligar a la Administración a expropiar un bien o un derecho.

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