CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

09/10/2015

Tribunal Supremo: el cultivo y consumo por un club social de cannabis, aun solo dirigido a sus socios, constituye un delito de tráfico de drogas

En materia de tráfico de drogas, el Código Penal siempre ha seguido el criterio más amplio, dirigido a castigar cualquier actividad dirigida a promover su consumo ilegal: cultivo, elaboración o tráfico; promoción, favorecimiento o facilitación del consumo o la posesión con esos fines.

Sin embargo, nunca ha castigado el propio consumo. Esto no quiere decir que consumir drogas sea legal (es una conducta que se sanciona administrativamente tal como dijimos aquí), sino que solamente carece de relevancia penal.

La no penalidad del consumo tiene dos importantes ramificaciones. La primera se refiere a los actos de consumo compartido o autoconsumo plural entre adictos, esto es, el practicado en grupo aunque se identifiquen actos de auxilio o facilitación recíproca -v.gr., uno que va a comprar para los demás con dinero puesto en común-. La segunda, al cultivo para el exclusivo consumo personal. Ambas actividades -cultivo y consumo compartido- son, igual que el autoconsumo, contrarias a la legalidad, pero carentes de relevancia penal.

Al amparo de esta no penalidad de autoconsumo, consumo compartido y cultivo de sustancias estupefacientes, diversas asociaciones de consumo compartido de cannabis fueron surgiendo por toda España en los últimos años.

Entre ellas se cuenta la Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo (EBERS). Constituida con arreglo a la ley de asociaciones y registrada como tal en Bilbao, incluyó entre sus fines el alquiler de un local para el cultivo y consumo de cannabis. Los socios debían suscribir dos documentos: el "Contrato de Previsión de Consumo", manifestando la cantidad de consumo prevista para un plazo de seis meses, y el "Acuerdo de Cultivo Colectivo", en el que se les asignaba un metro cuadrado para el cultivo, cuyos frutos serían destinados al uso o consumo personal y privado. La asociación se regía por unos estatutos y un severo régimen interno que prohibía el consumo fuera del local y la venta del cannabis obtenido de la asociación.

Pese a esta apariencia de legalidad, ENBERS fue objeto de una investigación y, a la postre, sus directivos fueron procesados de un delito de tráfico de drogas en su modalidad de favorecimiento de consumo.

Llegados a juicio, estos se defendieron alegando la no penalidad del consumo compartido y el cultivo para uso personal e invocaron sentencias de diversas Audiencias Provinciales que consideraban que el cultivo colectivo por parte de este tipo de asociaciones no era delictivo.

No lo entendió así el Tribunal Supremo, que consideró que es muy difícil que la apertura de una asociación, con ese objeto y a un número indiscriminado de socios, pueda ampararse dentro de aquellos límites y les condenó por el delito del que eran acusados.

Argumenta el Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de septiembre de 2015 que ni aun con mucha flexibilidad se puede amparar el aprovechamiento colectivo de una plantación, ni puede convertirse una asociación de esta naturaleza en una suerte de cooperativa de distribución de la sustancia estupefaciente prohibida.

Por otro lado, la magnitud de las cantidades manejadas -fueron intervenidos 4.700 gramos-, el riesgo real y patente de difusión del consumo, la imposibilidad de constatar con plena certidumbre la condición de consumidor o usuario de la sustancia, o la incapacidad de la asociación de controlar el destino que los socios pudieran dar al cannabis, son circunstancias que desbordan los límites del simple consumo compartido como conducta impune.

La actividad desarrollada por los clubes sociales de cannabis, asociaciones, grupos organizados o similares -avisa a navegantes el alto tribunal-, no será constitutiva de delito cuando consista en proporcionar información, elaborar o difundir estudios, realizar propuestas, expresar de cualquier forma opiniones sobre la materia, promover tertulias o reuniones o seminarios sobre estas cuestiones.

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