CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

26/09/2014

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: fin de la discriminación fiscal entre residentes y no residentes a efectos del impuesto de sucesiones y donaciones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a medio de su reciente sentencia de fecha 3 de septiembre de 2014, ha declarado que la legislación estatal española referida al impuesto de sucesiones y donaciones y su cesión a las comunidades autónomas es contraria a la libre circulación de capitales consagrada en los artículos 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste.

El TJUE recuerda que constituyen restricciones de los movimientos de capitales las medidas nacionales que causan una disminución del valor de la herencia o de la donación de un residente de un Estado distinto de aquel en cuyo territorio se grava la sucesión o la donación, o de un residente de un Estado distinto de aquel en cuyo territorio se encuentran los bienes afectados y que grava la sucesión o la donación de éstos.

Tal es la situación del impuesto de sucesiones y donaciones en su configuración actual en España, donde hasta ahora las Comunidades Autónomas tienen la posibilidad de establecer cierto número de reducciones fiscales que sólo operan en caso de conexión exclusiva con su territorio, de lo que resulta que la sucesión o donación en la que intervenga un causahabiente, un donatario o un causante no residente en España, o una donación o sucesión cuyo objeto sea un inmueble situado fuera de territorio español, no pueden beneficiarse de esas reducciones fiscales, reduciendo el valor de la sucesión o donación. Esta situación es discriminatoria para los sujetos pasivos no residentes y así lo declara la citada sentencia, que viene a poner fin a esta desigualdad sin poner en cuestión el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, dado que lo único puesto en discusión fue el criterio de conexión previsto por la legislación estatal.

Decíamos que esta era la situación hasta ahora porque con este pronunciamiento se abre la posibilidad de que, por un lado, las personas que sean sujetos pasivos del impuesto de sucesiones y donaciones, que hayan de liquidar el impuesto en condición de no residentes y que tengan su residencia en alguno de los países miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega), ya no habrán de sujetarse al ominoso régimen general previsto en la Ley 29/1987, sino que podrán tributar de la misma manera en que lo haría un residente; por otro, aquellos que ya hubieran liquidado el impuesto en condición de no residentes tienen ahora derecho a incoar, o bien un procedimiento de devolución de ingresos indebidos si no han transcurrido más de cuatro años o bien, si ha transcurrido dicho plazo, un expediente de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, dentro del plazo de prescripción de un año desde el dictado de la sentencia del TJUE.

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