CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

02/10/2015

El Crowdfunding como fuente de financiación de las empresas

El crowdfunding, en cuanto elemento de captación de capitales sin intermediarios financieros, es un fenómeno con diversas manifestaciones cuyo denominador común es la utilización de las nuevas tecnologías y en cuya actividad sobresalen dos características: por un lado, la participación masiva de inversores, que financian con cantidades reducidas pequeños proyectos de alto potencial; por otro, el carácter arriesgado de dicha inversión.

La Ley de fomento de la financiación empresarial (que ya comentamos aquí y aquí) pretende dar un régimen jurídico de nuevo cuño a este fenómeno. Al efecto, el crowdfunding que aquí interesa es el llevado a cabo por las llamadas plataformas de financiación participativa -a las que la ley reserva esta denominación y su abreviatura PFP-, cuya actividad consiste en poner en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos mediante la emisión de valores y participaciones sociales o mediante la solicitud de préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento. La Ley 5/2015 deja, por tanto, fuera del ámbito de esta norma alcrowdfunding instrumentado mediante compraventas o donaciones.

La inversión en estos proyectos es intrínsecamente arriesgada -y así lo explicita claramente la Ley- tanto porque el promotor puede ser incapaz de devolver o remunerar los fondos recibidos, como por el hecho de que la plataforma, en su papel de intermediador y sin perjuicio de la diligencia que se le debe exigir, no garantiza en ningún momento la solvencia o viabilidad del promotor.

El régimen jurídico del que la Ley dota a las plataformas de financiación participativa puede sintetizarse en lo siguiente: la obligación de obtener la autorización y registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en aras de fortalecer el desarrollo de este sector y, al tiempo, salvaguardar la necesaria estabilidad financiera; el aseguramiento de su neutralidad respecto de inversores y promotores; la prohibición de ofrecer servicios como el asesoramiento financiero, que acercaría las plataformas a otro tipo de entidades ya reguladas y supervisadas; la prohibición de tomar fondos destinados a realizar pagos en nombre propio por cuenta de clientes, sin contar con la preceptiva autorización de entidad de pago, o para la inversión en valores negociados en España o el extranjero.

Paralelamente, se clarifican las normas aplicables a los agentes que utilicen este nuevo canal de financiación, en particular a la información que ofrece de sí misma (reglas de funcionamiento, composición) y de los proyectos que impulsa (descripción de los mismos, sus riesgos, nivel participativo, morosidad, etc.)

La ley establece límites al volumen que cada proyecto puede captar a través de una plataforma de financiación participativa: 5 millones de euros por proyecto en el caso de inversores acreditados y 2 millones en los demás casos; así como límites a la inversión máxima que un inversor no acreditado puede realizar: 3.000 euros en un mismo proyecto o 10.000 euros en varios a lo largo de un año.

Mención aparte merecen las obligaciones de información a cargo de la PFP para que toda decisión de inversión haya podido ser debidamente razonada: su no supervisión por la CNMV o el Banco de España, la no obligación de emitir un folleto informativo, el riesgo de perder toda la inversión y la no garantía de la misma por los fondos de garantía de inversiones y de garantía de depósitos.

Adicionalmente, como ocurre con los servicios de inversión prestados en relación con instrumentos financieros complejos, se exigirá que, sin perjuicio de la correspondiente firma del inversor, se requiera una expresión del mismo por la que manifieste que ha sido debidamente advertido de los riesgos, a fin de asegurar la concurrencia de una voluntad consciente y bien informada sobre la decisión de invertir fondos en unos activos arriesgados, pero a la vez con alto potencial de rendimiento.

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