CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

11/09/2015

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: el retraso continuado y persistente en el abono del salario por parte del empresario, faculta al trabajador a extinguir su contrato de trabajo, con derecho a la indemnización por despido improcedente

Uno de los derechos básicos de los trabajadores es la percepción puntual de su remuneración por su trabajo, contrapuesto así a la obligación del empresario de abonarla. En base al mismo, el Estatuto de los Trabajadores faculta al trabajador a extinguir su contrato de trabajo cuando se produzcan la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado y sanciona al empresario moroso a indemnizarle de forma equivalente a un despido improcedente.

La norma es clara y, sin embargo, no dice cuándo nos encontramos ante un retraso o qué ha de entenderse por continuado, dejando esa labor de interpretación a los tribunales de justicia.Esa interpretación nunca ha sido uniforme ni mayoritaria, si bien el criterio que prevalecía y que venía siendo aplicado últimamente por el Tribunal Supremo era el de considerar como continuado el retraso en el abono del salario por más de 3 meses.

Esa interpretación nunca ha sido uniforme ni mayoritaria, si bien el criterio que prevalecía y que venía siendo aplicado últimamente por el Tribunal Supremo era el de considerar como continuado el retraso en el abono del salario por más de 3 meses.

Así era hasta la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2015, que ha revocado aquel criterio y se inclina por considerar como retraso continuado el abono del salario más allá del plazo estipulado por el convenio colectivo, siempre que los retrasos se hayan verificado de forma persistente en el tiempo, con independencia de su brevedad o amplitud.

Este nuevo criterio obliga a los tribunales inferiores a revisar la doctrina que estaban aplicando a las demandas de extinción de contrato por retraso continuado en el abono del salario.

Así es como llegamos a la sentencia del TSJ Castilla y León de 24 de julio de 2015. En el caso, la empresa se fue retrasando en el pago de los salarios en periodos que fueron de 1 a 15 días, de modo que en vez de ingresar el importe de la nómina el día 5 del mes siguiente -como establecía el convenio colectivo- la ingresaban a mediados del mismo, lo cual por otra parte es una práctica irritantemente habitual y extendida en las relaciones laborales de este país y de ahí el interés de esta nueva corriente jurisprudencial.

El TSJ parte de la dicción literal de la norma: el trabajador puede demandar la extinción de su contrato sobre la base del retraso continuado en el abono del salario. La clave para determinar si concurre esa gravedad la proporciona la propia ley: los retrasos han de ser "continuados". Obsérvese -hace notar el TSJ siguiendo al Tribunal Supremo- que el precepto no se refiere a la "magnitud" del retraso, es decir, al tiempo transcurrido entre el momento en que debió hacerse el abono y el momento en que se hizo, sino a la duración de ese comportamiento moroso y su carácter continuado. La ley deja a los tribunales la apreciación de cuan larga deba ser esa reiteración en la conducta morosa. Y aunque el Tribunal Supremo no fija una duración concreta, establece que el comportamiento del empresario será grave cuando no sea un retraso esporádico sino un comportamiento continuado y persistente.

Tal es lo que ocurrió en el caso, donde la empresa, durante más de un año, jamás había pagado los salarios a su debido tiempo.

Infringida la obligación de abonar puntualmente la remuneración al trabajador, la consecuencia es que el tribunal declara extinguida la relación laboral, con abono de la indemnización propia del despido improcedente.

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