CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

04/09/2015

Las nuevas medidas de fomento de la financiación empresarial (I): el preaviso de reducción o cancelación de financiación; nuevas formas societarias; titulizaciones

Las pymes constituyen el porcentaje mayoritario del tejido empresarial español y son, en su conjunto, el principal empleador del país. De forma involuntaria, ostentan una función social que no se agota en su mera contribución al crecimiento de la renta nacional, al consumo o a la generación de empleo, sino que también se manifiesta de forma notable en el bienestar y la estabilidad social y económica del país.

A su vez, el momento presente apunta que las empresas españolas presentan una fuerte dependencia de la financiación bancaria, tanto para sus necesidades de inversión como para su operativa corriente. En el caso de las pymes, esta dependencia es más acusada dado su menor volumen y la menor información existente sobre su solvencia, lo que dificulta y encarece la labor de valoración del riesgo previa a la financiación y en definitiva su acceso directo a los mercados de capitales.

Así pues, cuando se produce una restricción a las pymes españolas en su acceso al crédito bancario -tal como sucede en la crisis económica que aun perdura-, resulta un impacto muy significativo en el conjunto de la economía nacional.

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, pretende dar un giro a esta situación, articulando un conjunto de medidas que responden a una doble finalidad: la primera, hacer más accesible y flexible la financiación bancaria a las pymes; la segunda, avanzar en el desarrollo de medios alternativos de financiación, sentando las bases regulatorias necesarias para fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o financiación no bancaria en España.

Preaviso de la decisión de cancelar o reducir la financiación. Información Finaciera-PYME. Reaval de la Compañía Española de Reafianzamiento

La ley establece la obligación, por parte de las entidades de crédito, de preavisar a las pymes, por escrito y con una antelación mínima de 3 meses, su decisión de cancelar o reducir el flujo de financiación (crédito, descuento comercial, anticipo, pago aplazado, cesión de créditos o cualesquiera otros) que les haya venido concediendo en cuantía igual o superior al 35%.

Se trata de que la pyme pueda disponer de tiempo suficiente para encontrar nuevas vías de financiación o para ajustar su gestión de tesorería, de forma que tal interrupción o reducción de la fuente de crédito no genere sorpresivos problemas de liquidez que dificulten o incluso imposibiliten cualquier reajuste.

Este preaviso se acompaña de la obligación de la entidad de crédito de facilitar a la pyme el documento denominado "Información Financiera-PYME", en formato estandarizado según criterios del Banco de España, con información sobre su situación financiera e historial de pagos y un informe de su calificación crediticia, con la pretensión de mejorar la información de solvencia de las pymes y con ello facilitar la valoración del riesgo de las pymes españolas, facilitando a su vez la búsqueda de fuentes alternativas de financiación.

La mejora en las condiciones del crédito ofrecido a las pymes se busca también en la reforma del funcionamiento del reaval que la Compañía Española de Reafianzamiento presta a las sociedades de garantía recíproca, al explicitar que dicho reaval se activará ante el primer incumplimiento de la sociedad de garantía recíproca. Se pretende así garantizar que las entidades de crédito valoren adecuadamente el reaval proporcionado por la Compañía Española de Reafianzamiento.

Establecimientos Financieros de Crédito (EFC)

Se otorga carta de naturaleza a esta denominación y su abreviatura EFC respecto de las empresas dedicadas a la concesión de préstamos y créditos, factoring, leasing, servicios de pago, dinero electrónico, etc., las cuales habrán de incluirla en su denominación social. Las denominaciones de Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de Pago (EFC-EP) y de Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de Dinero Electrónico (EFC-EDE) quedarán reservadas a los establecimientos financieros de crédito que tengan respectivamente la consideración de entidad de pago o de entidad de dinero electrónica híbrida, quienes, facultativamente, podrán incluirla en su denominación social.

Con la ley, los establecimientos financieros de crédito quedarán equiparados a las entidades de crédito en cuanto a las obligaciones de transparencia, mercado hipotecario y régimen concursal, entre otras. En particular, quedarán sometidos a las exigencias de autorización y registro de su actividad y serán objeto de supervisión por el Banco de España y, a la vez, pueden emitir valores para captar fondos y titulizar sus activos.

Titulizaciones

La titulización permite a las entidades de crédito agrupar sus derechos de crédito (en particular, las hipotecas) y transformarlos en instrumentos negociables y líquidos (p.e., bonos) que les permiten negociarlos y generar así flujos de caja de periodicidad fija.

La ley los considera como derechos reales sobre los bienes inmuebles pertenecientes a los fondos de titulización y permite su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Se flexibiliza la operativa de estos instrumentos: se permite su división internamente en compartimentos con cargo a los cuales pueden emitirse valores propios, limitando la responsabilidad de esos valores al compartimento al que correspondan; lo cual es una estrategia de titulización ya conocida en otros países.

Se establece la aprobación, registro y supervisión de los fondos de titulización con cargo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y al efecto habrá de elaborarse un folleto informativo con las características del fondo.

Por otro lado, fortalece las exigencias en materia de transparencia y protección del inversor en el establecimiento de las obligaciones de las sociedades gestoras de los fondos de titulización, a las que reserva el uso exclusivo de la denominación Sociedad Gestora de Fondos de Titulización y sus siglas SGFT.

Estas, en todo caso, incluirán la administración y gestión de los activos agrupados en los fondos de titulización, sin perjuicio de la repercusión al mismo de los gastos que correspondan, de acuerdo con lo previsto en la escritura de constitución.

Para reforzar la posición del inversor, la ley contiene un cuadro de infracciones y sanciones por el incumplimiento por parte de las sociedades gestoras de sus obligaciones.

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