CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

31/07/2015

El Estatuto de la víctima del delito

El Estatuto de la víctima del delito contenido en la Ley 4/2015, de 27 de abril, formula novedosamente en España un catálogo de derechos a favor de la víctima de un hecho delictivo fundado en un concepto amplio de reconocimiento, protección y apoyo en aras de su salvaguarda integral. Su pretensión es ofrecer a la víctima de un delito las máximas facilidades para el ejercicio y tutela de sus derechos, la minoración de trámites innecesarios que supongan una segunda victimización y facilitarle una información y orientación eficaz de los derechos y servicios que le corresponden.

El Estatuto de la Víctima del Delito entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE, esto es, el 27 de octubre de 2015.

Concepto de víctima del delito

Novedosamente, por víctima se entiende no solo a toda persona que sufre un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia de un delito, sino que también se reconoce la condición de víctima indirecta al cónyuge o persona vinculada a la víctima por una análoga relación de afectividad, sus hijos y progenitores, parientes directos y personas a cargo de la víctima directa por muerte o desaparición ocasionada por el delito, así como a los titulares de la patria potestad o tutela en relación a la desaparición forzada de las personas a su cargo.

Derechos básicos

El Estatuto consagra el derecho de la víctima a entender y ser entendida, que se sustancia en la obligación de las autoridades de utilizar un lenguaje claro, sencillo y accesible en sus comunicaciones con la víctima y el derecho a hacerse acompañar por la persona de confianza que designe sin perjuicio de la intervención de abogado cuando proceda.

Se reconoce el derecho a obtener información de toda autoridad o funcionario al que se acuda, con lenguaje sencillo y accesible, desde el primer contacto. Esa información, que deberá ser detallada y sucesivamente actualizada, debe orientar e informar sobre los derechos que asisten a la víctima en cuestiones tales como las medidas de apoyo disponibles (médicas, psicológicas o materiales incluido el alojamiento alternativo); el modo de ejercicio de su derecho a denunciar, el modo y condiciones de protección, asesoramiento jurídico y defensa jurídica; indemnizaciones, interpretación y traducción, medidas de efectividad de sus intereses si residen en distinto país de la Unión Europea, procedimiento de denuncia por inactividad de la autoridad competente, datos de contacto para comunicaciones, servicios disponibles de justicia reparadora y el modo de reembolso de los gastos judiciales.

La víctima podrá formular la solicitud de justicia gratuita ante la autoridad o funcionario encargado de informarle de sus derechos, y no como actualmente se hace en los Colegios de Abogados.

Como denunciante, la víctima tiene derecho a obtener una copia de la denuncia debidamente certificada, asistencia lingüística gratuita a la víctima que desee interponer denuncia y traducción gratuita de la copia de la denuncia presentada.

Otra novedad destacable es que la víctima tiene derecho a recibir información sobre la causa penal. En particular, se reconoce el derecho a ser notificada de las sentencias condenatorias o, en su caso, de las resoluciones de sobreseimiento y archivo y puesta en libertad del detenido, así como el derecho a impugnarlas dentro de un plazo de tiempo suficiente a partir de la comunicación, con independencia de haberse o no constituido como parte en el proceso; el derecho a obtener el pago de las costas que se le hubieran causado, con preferencia al derecho del Estado a ser indemnizado por los gastos hechos en la causa, cuando el delito hubiera sido finalmente perseguido únicamente a su instancia o el sobreseimiento de la misma hubiera sido revocado por la estimación del recurso interpuesto por ella. Si la víctima así lo dispone, estas comunicaciones podrán efectuarse por correo electrónico.

La víctima tiene derecho a la traducción e interpretación, incluso de signos, tanto en las entrevistas, incluidas las policiales, como en la participación activa en vistas, e incluye el derecho a la traducción escrita y gratuita de la información esencial, en particular, la decisión de poner término a la causa y la designación de lugar y hora del juicio.

Participación de la víctima en el proceso penal

Se reconoce el derecho de la víctima a la intervención en la fase de ejecución de la pena: puede impugnar ante los tribunales determinadas resoluciones que afecten al régimen de cumplimiento de condenas por delitos graves (por ejemplo, la víctima de un delito de homicidio respecto de la clasificación del condenado en el tercer grado penitenciario); facilitar información que pueda ser relevante para que los Jueces y Tribunales resuelvan sobre la ejecución de la pena, responsabilidades civiles y comiso ya acordados, y solicitar la adopción de medidas de control con relación a liberados condicionales que hubieran sido condenados por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una situación de peligro para la víctima.

La víctima tiene derecho a obtener la devolución inmediata de los efectos de su propiedad, salvo los supuestos excepcionales en los que el efecto en cuestión, temporalmente o de forma definitiva, tuviera que permanecer bajo la custodia de las autoridades para garantizar el correcto desarrollo del proceso.

Medidas de protección de la víctima

Buscan la efectividad frente a represalias, intimidación, victimización secundaria, daños psíquicos o agresiones a la dignidad durante los interrogatorios y declaraciones como testigo, e incluyen desde las medidas de protección física hasta otras, como el uso de salas separadas en los tribunales, para evitar contacto de la víctima con el infractor y cualesquiera otras, bajo discrecionalidad judicial, que exijan las circunstancias.

Para evitar la victimización secundaria en particular, se trata de obtener la declaración de la víctima sin demora tras la denuncia, reducir el número de declaraciones y reconocimientos médicos al mínimo necesario y garantizar a la víctima su derecho a hacerse acompañar, no ya de su abogado, sino de otra persona de su elección, salvo resolución motivada.

La adopción de medidas y el acceso a ciertos servicios vendrán precedidos de una evaluación individualizada de la víctima, para determinar sus necesidades de protección específica y de eventuales medidas especiales. Dichas medidas han de actualizarse con arreglo al transcurso del proceso y a las circunstancias sobrevenidas, atendiendo al carácter de la persona, el delito y sus circunstancias, la entidad del daño y su gravedad o la vulnerabilidad de la víctima.

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