CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

17/07/2015

Desindexación de la economía española

Muy pocas personas podrían decir, a bote pronto, qué es la indexación; en cambio, reconocerían sin dificultad y de forma intuitiva aquellas cláusulas que actualizan la renta de un arrendamiento conforme a la variación que experimenta el IPC. Pues bien, esta práctica es lo que se conoce como indexar.

La indexación -en palabras de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española- es una práctica que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas de acuerdo con la variación del índice de precios -como el IPC- a lo largo de un período.

La práctica indexadora puede tener sentido en economías en que el poder adquisitivo queda erosionado por una elevada inflación, recurriendo a referenciar la evolución en el tiempo de los valores monetarios a índices de precios como mecanismo de defensa. No obstante, aunque ampliamente extendida, no necesariamente está justificada ni produce beneficios para el conjunto de una economía desarrollada como la española.

En cambio, este mecanismo genera efectos perversos. La indexación está en el origen de los denominados "efectos de segunda ronda": cuando el precio de un bien o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y esto supone un aumento automático en el precio de otros bienes simplemente porque están indexados a este índice. Ocurre así que un aumento del precio del petróleo o de un alimento encarece, debido a su impacto en el IPC, el precio de bienes cuyos costes de producción no tienen una conexión directa con esos dos bienes.

La indexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y favorece su persistencia en el tiempo, aun cuando desaparece la causa inicial que generó el incremento de precios. Una inflación elevada y persistente genera costes económicos: entre otros, desvirtúa la información que deben transmitir los precios, dificulta la concertación de contratos a largo plazo y deteriora la competitividad.

Al objeto de evitar esos perniciosos efectos responde la citada Ley 4/2015. Los mecanismos de desindexación que introduce suponen establecer una nueva disciplina en el ámbito de la contratación pública (que aporta el 20% del PIB en España), en los precios regulados y, en general, en todas las partidas de ingresos y gastos de los presupuestos públicos: precios de contratos públicos, tasas, precios y tarifas regulados, subvenciones, prestaciones, ayudas, multas y sanciones o valores referenciales.

Régimen general

Con carácter general se establece que los valores monetarios no podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contenga. No obstante, de forma excepcional pueden aprobarse regímenes de revisión en función de precios individuales e índices específicos de precios cuando la naturaleza recurrente de los cambios en los costes de la actividad así lo requiera.

Alternativamente, la norma prevé que los valores monetarios podrán ser objeto de revisión, periódica no predeterminada o no periódica, siempre que se justifique en una memoria económica específica para este fin. Pero no podrá realizarse esta revisión en función de índices de precios o fórmulas que los contengan, a menos que estuvieran motivadas por la evolución de los costes, en cuyo caso la revisión podrá realizarse en función de los precios individuales e índices específicos de precios que mejor reflejen la evolución de dichos costes, conforme a los principios de eficiencia económica y buena gestión empresarial; sin que puedan incluir la variación de las amortizaciones, los gastos generales o de estructura y el beneficio industrial.

Exclusiones y contratos privados

La desindexación no será de aplicación a la negociación salarial colectiva, las prestaciones de Seguridad Social o clases pasivas ni a los instrumentos financieros. En cuanto a los contratos entre partes privadas, solo será de aplicación la desindexación cuando las partes no hayan pactado nada expresamente al respecto. Si se hubiera pactado un mecanismo de revisión periódica de valores monetarios pero no se especifique el índice o metodología de referencia, será aplicable la tasa de variación que corresponda del Índice de Garantía de Competitividad -que se crea al efecto- elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Salvo pacto explícito entre las partes, no se aplicará revisión de rentas de viviendas de protección oficial.

Contratos del sector público

Los contratos del sector público tendrán un tratamiento particular. Cuando de éstos se trate, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.

En estos supuestos, el órgano de administración podrá establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza del contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo. Al efecto, el pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en tales casos, la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato.

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