CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

03/07/2015

Siete claves de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana

En una sociedad democrática es obligación del Estado asegurar un ámbito de libertades en el que sea posible el ejercicio de derechos y libertades por parte de los ciudadanos. Tal es el fundamento de la seguridad ciudadana, que la Constitución Española recoge como manifestación específica del derecho a la libertad y la seguridad contenido en su artículo 17 y que a todos es reconocido.

La Ley Orgánica 1/1992, de protección de la seguridad ciudadana fue la primera en codificar las facultades y potestades administrativas en relación con la seguridad ciudadana, dispersas hasta entonces en diferentes cuerpos legales. Ahora, con la homónima Ley Orgánica 4/2015, se actualiza y se adapta este ordenamiento a la interpretación reiterada que de aquella venía haciendo el Tribunal Constitucional así como a las nuevas realidades surgidas a lo largo del tiempo de su vigencia, recién entrada en vigor el pasado 1 de julio de 2015.

1. Interpretación más favorable, proporcionalidad y legalidad

Se parte de la base que la ley debe interpretarse y aplicarse del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos de los ciudadanos, en particular los de reunión y manifestación, huelga y libertad sindical, libertad de expresión e información. Cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades ciudadanas por razones de seguridad deben ampararse en los principios de legalidad y proporcionalidad.

2. Obligación de colaborar

La primera de las novedades de la nueva ley es la cooperación interadministrativa y la colaboración de autoridades, cuerpos policiales, los ciudadanos y el personal y empresas de seguridad privada, de acuerdo con una perspectiva integral de seguridad pública. La colaboración se entiende como la obligación de poner en conocimiento de la autoridad los hechos que puedan perturbar gravemente la seguridad ciudadana de que tengan conocimiento. Las autoridades y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) podrán recabar la ayuda y colaboración de particulares en los casos de grave calamidad pública o catástrofe extraordinaria, siempre que no implique riesgo personal para los mismos.

3. Documentación e identificación

Se mantiene la obligatoriedad de obtener el DNI a partir de los 14 años, así como la exigencia de exhibirlo a requerimiento de los agentes de la autoridad.

La habilitación de las FCS para la práctica de identificaciones en la vía pública no es genérica, sino que es precisa la existencia de indicios de la participación en la comisión de una infracción, o que razonablemente se considere necesario realizar la identificación para prevenir la comisión de un delito; con escrupuloso respeto de los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación.

La comprobación se hará en la vía pública o en el lugar donde se efectúe el requerimiento. Las personas que no lleven el rostro visible por llevarlo cubierto con una prenda deberán facilitar la identificación descubriéndolo.

Solo en caso de negativa a la identificación -incluida la telefónica o telemática-, o si esta no puede realizarse in situ, podrá requerirse a la persona para acompañar a los agentes a las dependencias policiales más próximas en que pueda realizarse la identificación, con información inmediata de los fines de la solicitud de identificación y de las razones de su requerimiento. Estas actuaciones deberán llevarse a cabo en el plazo máximo de 6 horas.

4. Registros corporales externos

Otra novedad de en esta materia, estableciéndose que solo pueden realizarse registros corporales cuando existan motivos para suponer que pueden conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención encomendadas a las FCS.

Los registros tendrán carácter superficial, deberán ocasionar el menor perjuicio a la dignidad de la persona, efectuarse por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique y, cuando lo exija el respeto a la intimidad -por exigir el descubrimiento de partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa-, practicarse en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros.

Los registros pueden llevarse a cabo aun contra la voluntad del afectado, de forma que las FCS están facultadas para utilizar las medidas de compulsión indispensables.

5. Mantenimiento y restablecimiento de la tranquilidad ciudadana

Se recogen en la ley un amplio conjunto de facultades de autoridades y FCS de contenido y alcance desigual, sometidas en todo caso a los principios de proporcionalidad, injerencia mínima y no discriminación.

Así, la facultad de dictar órdenes e instrucciones; la entrada y registro en domicilios, para evitar daños inminentes y graves a las personas o cosas en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otras de extrema y urgente necesidad; efectuar comprobaciones y registros en sitios públicos, para impedir que se porte ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos que supongan un riesgo potencialmente grave para la seguridad de las personas, con intervención de los mismos en su caso; restricciones del tránsito y controles en la vía pública; desalojo de locales o establecimientos, prohibición de paso, evacuación de inmuebles en caso de emergencia, con la facultad de emitir órdenes verbales que habrán de ser seguidas por los afectados.

Las autoridades y FCS podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, o restablecer la normalidad de su desarrollo en casos de alteración de la seguridad ciudadana, pudiendo acordarse la disolución de reuniones en lugares de tránsito público, con previo aviso y como último recurso.

La seguridad ciudadana implica el control sobre la actividades relacionadas con armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos; la llevanza del registro documental de actividades de hospedería, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público, compraventa de joyas o metales, objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad y el comercio al por mayor de chatarrería y productos de desecho, y la intervención administrativa en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, con la facultad de prohibirlos o suspenderlos.

6. Régimen sancionador

Se exime de responsabilidad a los menores de 14 años. En cuanto al menor no emancipado de 18 años o una persona con su capacidad modificada judicialmente, la declaración de su autoría comportará la responsabilidad solidaria de sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho. Se acompasa así esta materia a la propia de la responsabilidad penal del menor.

Entre las infracciones recogidas en la ley cabe destacar las siguientes:

- La celebración de reuniones y manifestaciones prohibidas en lugares que tengan la condición de infraestructuras e instalaciones en que se prestan servicios básicos para la comunidad (centrales nucleares, petroquímicas, depósitos de combustible, refinerías; puertos, aeropuertos, estaciones de tren y autobús; instalaciones de suministro de agua y electricidad e infraestructuras de telecomunicaciones) y los actos de intrusión en éstas, cuando se ocasione un riesgo para las personas; considerándose responsables a los organizadores o promotores.

- La proyección de haces de luz sobre los conductores o pilotos de medios de transporte con riesgo de provocar un accidente.

- La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas pese a su prohibición o suspensión acordada por motivos de seguridad.

- La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades u oficios religiosos, así como la reunión y manifestación frente al Congreso de los Diputados, el Senado o asambleas legislativas de las CCAA.

- Las alteraciones del orden público, las faltas de respeto a la autoridad, el deslucimiento de determinados bienes en la vía pública o dejar sueltos animales peligrosos.

- El consumo de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas y las conductas dirigidas a su favorecimiento, así como el cultivo y plantación en lugares visibles al público, o la tolerancia de su consumo en locales por parte de sus propietarios, administradores o encargados.

- La desobediencia o resistencia a la autoridad y la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos.

- Comportamientos atentatorios a la libertad sexual de la persona, en particular, la solicitud o aceptación de servicios sexuales retribuidos en la vía pública.

7. Sanciones

Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta circunstancias tales como la reincidencia, el empleo de violencia, amenaza o intimidación, la ejecución de los hechos con el rostro cubierto o la utilización de menores o discapacitados necesitados de especial protección. La posibilidad de contemplar la reincidencia del sancionado obliga a su vez a crear un Registro Central del Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, que permita apreciar su concurrencia y motivar la adecuada sanción de aquellos que de modo voluntario y reiterado incurran en las conductas sancionadas por la ley.

Como novedad incluida en la ley, cabra exigir al infractor la reposición de los bienes dañados a su situación originaria o, en caso de imposibilidad, la satisfacción de su equivalente económico.

En los casos de consumo o tenencia ilícita de drogas, se prevé la suspensión de la sanción para los menores de 18 años que accedan someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o actividades reeducativas.

La cuantía mínima de las sanciones será de 600 euros, con la posibilidad de acogerse a la reducción del 50 por 100 en casos de pago voluntario, con renuncia al derecho a formular alegaciones y que implicará la terminación del expediente sancionador, de forma similar a lo que en la actualidad está previsto para las multas de tráfico.

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