CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

17/10/2014

Tribunal Supremo: "la valoración de suelo no urbanizable, en un procedimiento de expropiación, no puede excluir sus expectativas urbanísticas."

Se inició procedimiento expropiatorio por la Administración General del Estado para la ejecución de un proyecto de autopista en Castilla La Mancha, siendo beneficiaria la empresa concesionaria de la ejecución de dicho proyecto.

La empresa concesionaria se mostró disconforme con una determinada resolución del Jurado Provincial de Expropiación de Toledo, que estableció el justiprecio respecto de un suelo de naturaleza rústica de regadío, por entender que había de excluirse de su valoración las expectativas urbanísticas -las posibilidades, futuras o hipotéticas, que el terreno pueda tener por determinadas circunstancias, como la proximidad a núcleos urbanos, a vías de comunicación y centros de actividad económica, entre otras-, amparándose en una determinada interpretación de la Ley de Régimen de Suelo y Valoraciones. Recurrió en vía contenciosa y, desestimado su recurso, en casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 6 de octubre de 2014) niega tajantemente esta posibilidad, toda vez que la ley dispone que el valor del suelo no urbanizable se determina por el método de comparación a partir de valores de fincas análogas y no hace reserva alguna en relación con la imposibilidad de tener en cuenta las expectativas urbanísticas, dado que lo que se pretende es hallar el valor real de mercado, respecto del cual las expectativas urbanísticas serán un elemento más de ese valor real.

A continuación, señala que no se debe confundir lo anterior con la prohibición legal de considerar la posible utilización urbanística en el valor del suelo urbanizable no programado -cuyas normas de valoración son las propias del suelo no urbanizable-, lo cual se refiere a la imposibilidad de que en esta clase de suelo se tenga en cuenta una utilización urbanística inexistente.

El Tribunal Supremo recuerda el mandato constitucional de indemnidad y la voluntad legal de establecer en el ámbito expropiatorio un sistema que trata de reflejar con la mayor exactitud posible el valor real que el mercado asigna a cada tipo de suelo, renunciando así formalmente a toda clase de fórmulas artificiosas que, con mayor o menor fundamento aparente, contradicen esa realidad y constituyen una fuente interminable de conflictos, proyectando una sombra de injusticia que resta credibilidad a la Administración y contribuye a deslegitimar su actuación.

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