CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

26/06/2015

Tribunal Supremo: en los contratos de préstamo sin garantía real concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado

La crisis económica que viene padeciendo España durante estos años ha dejado sentir sus efectos también en el ámbito del Derecho, motivando muchas y profundas modificaciones legales en materia de desahucios, ley hipotecaria, ley procesal civil y otras. También alcanza a la interpretación que los tribunales venían haciendo de las leyes que ya existían relativas a, entre otras materias, contratos, cláusulas generales de contratación y protección de consumidores y usuarios.

Uno de los cambios de interpretación más notables se ha producido en el campo de los intereses moratorios, esto es, aquellos que se devengan por el incumplimiento de un crédito o préstamo, situados siempre muy por encima del interés propio del crédito o préstamo, y que se consideran válidos siempre que no sean desproporcionados.

¿Cuándo se entiende que un interés moratorio es desproporcionado? En España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, no existe una limitación legal a los intereses moratorios, lo que obliga a los tribunales a examinar en cada caso si son o no desproporcionados y, por tanto, abusivos.

Antes de la crisis, ante el impago de un préstamo y la consiguiente reclamación de la entidad financiera, los tribunales admitían la validez de intereses moratorios de hasta el 27% anual y rechazaban su carácter abusivo y desproporcionado, aduciendo razones tales como la censurable conducta previa del deudor de no pagar, el estímulo debido al cumplimiento de los contratos, el daño ocasionado al acreedor o la ausencia de garantías adicionales para el financiador. Era pues una jurisprudencia muy reacia a declarar abusivas estas cláusulas.

En aquellos casos en que sí se declaraba su carácter abusivo, se aplicaba la regla contenida en el artículo 1.154 del Código civil conforme a la cual el juez puede modificar equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor -sin importar mucho que esta regla estuviera en realidad pensada para las cláusulas penales-. La práctica entonces era reducir el interés moratorio a una tasa equivalente a dos veces y medio el interés legal del dinero.

Incluso en el año 2013 éste era el criterio. Desde entonces, el mismo se ha venido atemperando, mayormente por influencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De hecho, un primer vuelco viene con una sentencia del TJUE de junio de 2012 -casualidad o no, contraria a un banco español- en la que se consideró que la declaración de la cláusula de un contrato como abusiva suponía conforme al derecho comunitario su anulación sin posibilidad de modificar equitativamente la misma. Por tanto, declarado el carácter abusivo de un interés moratorio, éste se anulaba de forma que el incumplimiento del contrato no llevaba aparejada la aplicación de otro interés que no fuera el remuneratorio.

Siguiendo las nuevas corrientes que llegaban de Luxemburgo, se ha venido imponiendo gradualmente en los tribunales españoles un mayor control sobre el carácter desproporcionado de los intereses moratorios y, por ejemplo, aquella censura a la conducta del deudor de no pagar ha ido cediendo espacio a la aplastante realidad del deudor que no paga simplemente porque no tiene con qué. Pero siempre sin un criterio fijo que determinase el carácter abusivo de una tasa o interés, de forma que cada Audiencia Provincial manejaba su propio criterio, con su correspondiente dosis de inseguridad jurídica según el territorio de que se tratase.

Así es como llegamos a la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015. El caso sometido a su consideración era, digamos, estándar: un préstamo personal otorgado por un banco, un deudor que deja de pagar las cuotas, el banco que da por vencido anticipadamente el préstamo y liquida la cantidad restante más el interés moratorio del 21,80%. Principal: 16.473,76 euros; intereses moratorios: 4.942,13 euros.

Como al tiempo de la demanda corrían como hemos dicho otros vientos, el Juzgado de Primera Instancia la estimó sin considerar abusivo aquel interés argumentando que, si bien podía parecer elevado, no podía ser considerado abusivo porque solo superaba el interés remuneratorio en diez puntos porcentuales. Toma del frasco, bien pudo haber añadido.

La Audiencia Provincial de Tenerife enmendó el desafuero y anuló el interés moratorio por abusivo y desproporcionado dado que era superior en más de cuatro veces el interés legal del dinero. Aplicando el criterio del TJUE, la cláusula nula se debía tener por no puesta, por lo que el demandado solo debía pagar el principal del préstamo.

El banco recurrió en casación al Tribunal Supremo, que no dejó escapar la ocasión de fijar una regla precisa en relación a los intereses moratorios. Y lo lleva a cabo siguiendo una regla del TJUE según la cual el juez debe conjeturar cual sería el interés de demora que, en una negociación individual, aceptaría un consumidor que admitiera que una demora en el pago de las cuotas de un préstamo personal supone un quebranto patrimonial para el prestamista que debe ser indemnizado.

El resultado es considerar que el incremento de dos puntos porcentuales para la fijación del interés moratorio es el más idóneo en los préstamos personales concertados con consumidores y así lo fija como doctrina jurisprudencial.

Argumenta el Tribunal Supremo que el interés legal más dos puntos coincide con el interés previsto cuando no se cumple voluntariamente una sentencia y el juzgado debe ejecutarla forzosamente. Además, evita que el interés moratorio sea inferior al remuneratorio e indemniza de un modo proporcionado al acreedor sin dejar de operar como un deseable factor disuasorio del incumplimiento de los contratos. Dado su carácter de doctrina jurisprudencial, pasa a integrar y complementar las leyes vigentes, lo que permite a los afectados invocarla en un pleito y obliga a los jueces a aplicarla como si de una ley se tratara.

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