CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

05/06/2015

La reforma del Código Penal (IV) y la aplicación de las penas

Prisión permanente revisable

Se introduce la prisión permanente revisable para delitos de extrema gravedad: asesinatos especialmente graves, de menores de dieciséis años y personas especialmente vulnerables; asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual, cometidos en el seno de una organización criminal o reiterados o cometidos en serie; homicidio del Jefe del Estado o su heredero, de Jefes de Estado y genocidio y delitos de lesa humanidad.

La prisión permanente revisable consiste en la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada y sujeta a un régimen de revisión tras el cumplimiento de una parte relevante de la condena -15 años en el mejor de los casos- y acreditada la reinserción del penado, por el cual se podrá, cumpliendo ciertas condiciones, acceder a la libertad condicional.

Así, en la prisión permanente revisable se cumple una parte mínima de la condena, tras la cual, el tribunal revisa la situación del condenado y, si éste no cumple los requisitos para quedar en libertad, se fija un nuevo plazo -nunca inferior a un año- para revisar nuevamente su situación; si por el contrario, cumple dichos requisitos, se establece una libertad condicionada al cumplimiento de requisitos y medidas de control orientadas a garantizar la seguridad de la sociedad y asistir al penado en la fase final de su reinserción social.

Se trata de una institución ya conocida en otros países y que cuenta con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no la considera contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Suspensión y sustitución de la pena

Se modifica el régimen de suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad. La suspensión de la pena se mantiene con carácter general como una potestad que el juez puede aplicar o no a aquellos que hayan delinquido por primera vez y fueran condenados a penas que no superen los dos años de prisión. Sin embargo, con la reforma, los antecedentes penales ya no serán causa automática de denegación de la suspensión de la pena, quedando a expensas del tribunal la suspensión merced a la valoración de su relevancia respecto de la peligrosidad criminal del condenado, introduciendo así una mayor flexibilidad y discrecionalidad a favor de jueces y tribunales. A cambio, se eleva el plazo de suspensión -hasta 5 años- dentro del cual el condenado no podrá delinquir de nuevo, so pena de serle revocada la suspensión.

Decomiso

Mediante el decomiso el condenado pierde todos los efectos utilizados para cometer el delito y las ganancias obtenidas con ellos, sin hacer distinción alguna por razón de la clase de delito cometido.

La reforma amplía los supuestos en que el juez o tribunal puede ordenar el decomiso: puede ordenar en sentencia el decomiso a partir de indicios objetivos que sugieran que los bienes del condenado provienen de la actividad delictiva y no se pruebe su origen lícito, valorándose a estos efectos la desproporción entre los bienes de que se trate y los ingresos de origen lícito del condenado. También puede ordenarse el decomiso de bienes que hayan sido objeto de blanqueo, siempre que su titular haya participado en ello de forma consciente o aun cuando, partiendo de datos objetivos, hubiera podido sospechar la procedencia ilícita de los bienes.

Libertad condicional

Se modifica el régimen de libertad condicional. Con la reforma, el delincuente primario podrá acceder a la misma una vez que haya cumplido la mitad de la condena, siempre que su condena sea corta y presente un pronóstico favorable de reinserción. Por otro lado, esta libertad condicional equivaldrá a una suspensión de la pena, de forma que si el condenado incumple las condiciones en base a las cuales obtuvo la libertad condicional, se revoca ésta y se cumple el resto de la condena que estaba suspendida.

Reincidencia

Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español.

Eliminación de las faltas

Se suprimen las faltas y se introducen los llamados delitos leves, en atención a la desproporción entre los bienes jurídicos protegidos y la inversión de tiempo y medios que requiere su enjuiciamiento, con objeto de reservar el Derecho Penal a los casos de mayor gravedad y reducir la elevada litigiosidad que presentan los juzgados y tribunales, justificada en la ausencia de una diferencia cualitativa entre delitos y faltas, obedeciendo su distinción a meras razones de política criminal. Su eliminación se corresponde además con el mayor rigor que presenta en no pocas ocasiones el Derecho administrativo sancionador.

Así, pasan a calificarse como delitos leves aquellas infracciones que se reputa necesario mantener, mientras que las restantes se reconducen al ámbito administrativo o el civil.

Los delitos leves se sancionarán en todo caso con pena de multa. Se eleva su plazo de prescripción de seis meses a un año y, aunque pasarán a integrar los antecedentes penales, no computarán a efectos de reincidencia.

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