CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

08/05/2015

La reforma del Código Penal (II) y la responsabilidad penal de las personas jurídicas: el plan de prevención de riesgos penales

Delitos y responsables

Desde 2010, las personas jurídicas son penalmente responsables en España, y pueden ser condenadas por los delitos de tráfico ilegal de órganos humanos, trata de seres humanos, corrupción de menores, descubrimiento y revelación de secretos, estafa y apropiación indebida, insolvencia punible, delitos informáticos, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la ordenación del territorio y el urbanismo, contra los recursos naturales y el medio ambiente, depósito o vertido de residuos tóxicos, de riesgo nuclear, estragos, tráfico de drogas, falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheque de viaje, cohecho, corrupción de funcionarios y financiación de grupos terroristas. Elenco al que la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 añade los delitos de financiación ilegal de partidos políticos, inmigración ilegal, falsificación de moneda, contra la salud de los consumidores y los delitos de odio e incitación a la violencia.

Hasta ahora, estas respondían por los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. Con la reforma que entra en vigor el 1 de julio de 2015, se amplía esa responsabilidad a las siguientes personas:

a) en aquellos delitos cometidos en su beneficio directo o indirecto, a sus representantes legales o aquellos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la misma, están autorizados para tomar decisiones en su nombre u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma;

b) en aquellos otros cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes estando sometidos a la autoridad de las personas expresadas más arriba, han podido realizar los hechos por haber aquéllos incumplido gravemente sus deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las concretas circunstancias del caso.

El apartado a) vendría a englobar, con carácter general, a los directivos de las empresas; el apartado b), por su parte, se refiere a los empleados. Así, la reforma pretende contemplar a todas las personas involucradas en el funcionamiento de la sociedad o empresa a efectos de su responsabilidad penal, sin importar su posición y poder dentro de la misma.

Exención de responsabilidad

Novedosamente, la reforma establece la posibilidad de eximirse la persona jurídica de responsabilidad penal.

En el caso de los directivos, ello se producirá si se cumplen las siguientes condiciones:

1. El órgano de administración ha de adoptar y ejecutar con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control necesarias para prevenir delitos o para reducir significativamente el riesgo de su comisión.

2. Ha de confiar a un órgano de la misma (Compliance Officer o responsable del cumplimiento) con poderes autónomos de iniciativa y de control o encargado legalmente de la función de supervisar la eficacia de sus controles internos, la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención.

3. Cometido el delito por una de aquellas personas a las que aludíamos, deberá verificarse:

a) que lo ha sido eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y prevención;

b) que no se ha producido una omisión o ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del Compliance Officer.

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente se acrediten de forma parcial, se valorarán a los efectos de la atenuación de la pena.

En las personas jurídicas autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración.

Si el delito fuera cometido por un empleado de la persona jurídica, quedará ésta exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Modelos de organización y gestión

También se pueden denominar como plan de prevención de riesgos penales y, como hemos visto, es presupuesto ineludible para la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ello supone la adopción por su parte de una política de compliance comprensiva de los siguientes requisitos:

1. Identificará las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que debe ser prevenidos.

2. Establecerá los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3. Dispondrá de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4. Impondrá la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5. Establecerá un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6. Realizará una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

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