CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

24/04/2015

La reforma del Código Penal (I) y los nuevos delitos

Malas noticias para usted si pensaba cometer un homicidio, asesinato, detención ilegal o secuestro con desaparición; contraer un matrimonio forzado, hostigar o acechar a alguien, divulgar de forma no autorizada imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada; cometer un delito de intrusismo haciéndose pasar por un profesional careciendo de la titulación necesaria; o, si está condenado y disfruta del tercer grado, manipular los instrumentos de control utilizados para vigilar el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica el Código Penal, acomete una profunda revisión del mismo que supone, en la mayor parte de los casos mencionados, un endurecimiento de las penas previstas y entrará en vigor el 1 de julio de 2015.

Está en cambio de enhorabuena si lo que pretendía era una distribución ambulante o meramente ocasional de productos amparados por derechos de propiedad intelectual, desobedecer levemente a un agente de la autoridad o cometer un homicidio o causar lesiones por imprudencia leve, dado que la reforma excluye del ámbito penal estas conductas, cuya sanción traslada al ámbito administrativo o al civil, según los casos.

Delitos contra la libertad sexual

Una importante novedad es la elevación de la edad de consentimiento sexual a los dieciséis años. De esta forma, mantener una relación de carácter sexual con un menor de dieciséis será delictivo en todo caso, salvo que se trate de relaciones consentidas con una persona próxima al menor de edad y grado de desarrollo y madurez.

Se presta especial atención al castigo de la pornografía infantil: se castigan los actos de producción y difusión y aun la mera asistencia a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en que actúen menores o con discapacitadas necesitadas de especial protección, la exhibición de material pornográfico o presenciar actos sexuales a menores, así como el uso y tenencia de pornografía infantil y su acceso a través de internet.

Delitos contra la intimidad

Se castigarán a partir de ahora la difusión de imágenes o grabaciones obtenidas en un primer momento con el consentimiento del afectado y posteriormente difundidas contra su voluntad, o cuando se difunden sin su consentimiento, afectando la grabación al ámbito personal y lesione gravemente su intimidad.

Delitos contra la propiedad

En cuanto a los delitos contra la propiedad, se modifica el catálogo de agravantes del hurto, aplicables también al robo con fuerza en las cosas: aprovechamiento de la situación de desamparo de la víctima, multirreincidencia delictiva, utilización de menores de dieciséis años y comisión del delito por una organización criminal, dedicados a la comisión de delitos de la misma naturaleza.

Pensando en poner coto al hurto del cable de cobre, se introduce una agravante también cuando la sustracción afecte a la conducción del suministro eléctrico o las telecomunicaciones.

Respecto del robo con fuerza en las cosas, se introduce una agravante en función del modo de comisión, en particular, butrones y alunizajes, o la gravedad de los daños causados.

Administración desleal

Hasta ahora, el delito de administración desleal de patrimonio ajeno estaba solamente vinculado a la actividad de una sociedad mercantil; con la reforma, la administración desleal trasciende el ámbito societario para tener un carácter patrimonial, de forma que cualquier persona podrá tener la consideración de perjudicado por este delito.

Insolvencia punible

Se introducen en éste ámbito nuevos delitos que ya existen en otros países, tales como la ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución y la utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la autoridad.

El nuevo delito de concurso punible o bancarrota se produce cuando se declara efectivamente el concurso o se produce un sobreseimiento general de los pagos, siendo su acción nuclear la causación de la insolvencia por el propio deudor. Se delimitan una serie de conductas prohibidas por medio de las cuales puede ser cometido el delito, entendidas como un conjunto de actividades contrarias al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos mediante el cual se reduce indebidamente el patrimonio que ha de responder de las deudas contraídas, y se introduce una agravante cuando los principales perjudicados son la Hacienda Pública o la Seguridad Social.

Delitos contra la propiedad intelectual

Se fija un amplio marco penal que permita al juez ajustar la pena conforme a la gravedad de la conducta. En particular, se prevé una menor penalidad para los supuestos de venta ambulante u ocasional y se excluye la pena de prisión para los casos de escasa gravedad, en atención a las circunstancias del culpable y la reducida cuantía del beneficio.

Paralelamente, se añade a la conducta básica delictiva de reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente, la explotación económica de una obra o prestación protegida sin la autorización de sus titulares, sustituyéndose el ánimo de lucro por ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto, y se tipifican las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cuando derivan éstos en graves perjuicios.

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