CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

10/04/2015

Comentarios al Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños

El Boletín Oficial del Estado publicó, con fecha 21 de febrero de 2015, el instrumento de ratificación del Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996, en vigor en España desde el 1 de abril de 2015. El documento supone la continuación legislativa de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, que exige a los Estados tomar todas las medidas necesarias para la aplicación de los derechos reconocidos por la convención.

Desde su entrada en vigor, el convenio forma parte del ordenamiento jurídico interno español y, por tanto, es inmediatamente aplicable a aquellos procedimientos de familia que involucren a menores de 18 años, en particular los procesos de nulidad del matrimonio, separación y divorcio, así como los de medidas adoptadas como consecuencia de aquellos; guarda y custodia de los hijos menores y sobre alimentos; filiación, paternidad y maternidad; protección de menores, retorno de menores en supuestos de sustracción internacional, ejercicio de la patria potestad en caso de desacuerdos entre los progenitores, acogimiento y adopción de menores y nombramiento de tutor o curador. Cabe incluir asimismo los procedimientos de declaración de desamparo y la tutela y guarda administrativa de los menores y el acogimiento.

La situación hasta ahora

La previsión general del Código civil es el derecho de los menores a ser oídos en aquellos procedimientos de familia que les afecten, condicionado a tener suficiente juicio de razón. Tal es la situación cuando se trata de la adopción de medidas de custodia, cuidado y educación de los mismos.

En el ejercicio de la patria potestad, sin embargo, se especifica que es obligación del Juez oír al hijo en todo caso si fuera mayor de doce años antes de tomar medidas en caso de desacuerdo de los progenitores o de vivir éstos separados y no decidir de común acuerdo al cuidado de cual quedará el menor.

Parecido régimen, al menos en Galicia, opera respecto del acogimiento y la adopción: así, para su constitución, es necesario el consentimiento del menor si tiene cumplidos doce años, mientras que el menor de doce años será oído en todo caso si tiene madurez suficiente.

En cuanto a la representación legal de los hijos, el Código civil exceptúa la misma en aquellos casos en que exista un conflicto de interés entre los padres y el hijo, y en los asuntos en que el padre y la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados se nombra un defensor que represente a éstos en juicio y fuera de él.

Respecto de la administración de bienes de los hijos, la ley establece que cuando la administración de los padres ponga en peligro el patrimonio de los hijos, el Juez, a petición del propio hijo, podrá adoptar las providencias que estime necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir caución o fianza para la continuación en la administración o incluso nombrar un administrador.

Lo que va a cambiar

El convenio otorga carta de naturaleza a los que denomina derechos procesales del niño, con un claro mandato a las autoridades judiciales, básicamente dos:

1. Derecho a ser informado y a expresar su opinión en los procedimientos cuando se considere que el niño tiene el suficiente discernimiento, lo que se traduce en el derecho a recibir toda la información pertinente, ser consultado y expresar su opinión, y ser informado de las posibles consecuencias de actuar conforme a esa opinión.

2. Derecho a solicitar la designación de un representante especial en los procedimientos que le afecten ante una autoridad judicial y siempre que sus representantes legales se vean privados de esta facultad como consecuencia de un conflicto de intereses con éste.

El convenio deja abierta, a voluntad de los Estados firmantes, la posibilidad de que la ley reconozca al niño otros derechos tales como solicitar la asistencia de una persona que le ayude a expresar su opinión, o solicitar un representante distinto o, en su caso, un abogado, o nombrar su propio representante.

Papel de las autoridades judiciales y de los representantes de los niños

El convenio establece que las autoridades judiciales deberán examinar si disponen de la información suficiente para tomar una decisión en el interés superior del niño antes de pronunciarse sobre la misma.

Cuando según la ley se considere que el niño tiene discernimiento suficiente, además deberán asegurarse que ha recibido toda la información pertinente, así como consultarle en los casos oportunos, si es necesario en privado, bien directamente o por mediación de otras personas u organismos.

Deberán, en definitiva, tener debidamente en cuenta la opinión expresada por el niño, con la posibilidad de que la autoridad judicial actúe de oficio en aquellas situaciones que la ley determine como de grave peligro para el bienestar del niño.

Por su parte, los representantes deberán proporcionar toda la información al niño, con las explicaciones que sean necesarias, y hacer llegar su opinión a la autoridad judicial. Ello parece indicar que no se trata simplemente de allegar la información de forma verbal o una vía informal, sino que deberá producirse de forma que pueda eventualmente ante el tribunal acreditarse haber cumplido esta obligación.

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