CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

01/04/2015

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el secreto profesional y el derecho a la vida privada amparan las conversaciones entre cliente y abogado en cualquier proceso penal

Con ocasión de varios procedimientos penales seguidos contra una empresa de Rumanía, el órgano judicial de aquel país ordenó en septiembre de 2004 la escucha de las conversaciones telefónicas de los administradores y allegados de aquella. De esta manera, fueron registradas y unidas a autos, entre otras, las conversaciones de uno de los administradores con el abogado Alexandru Pruteanu, el cual por entonces actuaba en defensa de todos ellos y de la empresa.

Pruteanu recurrió la unión a autos de estas escuchas, alegando no ser él objeto de la investigación y el carácter profesional de sus conversaciones, sometidas por tanto a secreto; solicitando su exclusión del procedimiento y consiguiente destrucción, lo cual fue rechazado por el tribunal rumano.

Disconforme, Pruteanu demandó a Rumanía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en julio de 2005 por la intromisión en su derecho al respeto de su vida privada y su correspondencia, en razón de la intercepción de sus conversaciones telefónicas y la imposibilidad de protestar su ilegalidad y solicitar la destrucción de las grabaciones, con vulneración del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

En su sentencia de 3 de febrero de 2015, el TEDH da la razón a Pruteanu. El artículo 8 de la Convención ampara las comunicaciones telefónicas en la noción de "vida privada" y de "correspondencia", y su interceptación supone una injerencia solo justificable si está prevista en la ley y se funda en la persecución de infracciones penales.

Las conversaciones entre un abogado y su cliente están, a juicio del tribunal, incontestablemente amparadas por el secreto profesional, el cual fundamenta la relación de confianza entre abogado y cliente. Si las conversaciones amparadas por el secreto profesional sufren una injerencia, ambas personas podrán reclamar: el cliente, merced a su carácter profesional y secreto; el abogado, con invocación de su derecho a la vida privada.

Incide además el TEDH que, en el caso, la autorización de las escuchas solo alcanzaba a los administradores de la empresa y en ningún caso a Pruteanu.

El pronunciamiento es importante y de aplicación inmediata en España dada la insuficiente regulación procesal de la limitación de derechos fundamentales en el proceso penal, que ha de ser completada con los pronunciamientos de los tribunales. Confirma esta sentencia que las conversaciones entre abogado y cliente no pueden en ningún caso ser autorizadas por el órgano judicial y, si se producen, nunca y sin excepción podrán ser tomadas en consideración.

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