CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

19/03/2015

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid: la incoación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística no justifica el corte de los suministros de energía eléctrica y agua

A instancias del ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) se inició un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística en relación a la caseta que un particular construyó en la finca de su propiedad, donde se ubica su vivienda y sin licencia, merced al cual el ayuntamiento dictó un decreto por el que se acordaba como medida cautelar el corte de suministro de energía eléctrica y de agua en la parcela de su propiedad, ordenando a la empresa encargada del suministro de energía eléctrica el corte del mismo, así como iniciar expediente de corte de suministro de agua.

El afectado acudió a la vía contenciosa e interesó la reanudación de los suministros. En primera instancia se le denegó por entender que no concurrían en el caso los requisitos legales para su adopción: estimando que no existía la apariencia de buen derecho, por carecer la caseta ubicada en el terreno litigioso de licencia de primera ocupación, ni peligro de mora procesal, al no constar que la misma fuera la vivienda habitual del reclamante.

No lo entendió así el TSJ Castilla y León de Valladolid. En su sentencia de 23 de diciembre de 2014, juzga la Sala que en este caso concurrían una serie de circunstancias particulares que justificaban la adopción de la suspensión cautelar.

Así, no cabe duda que el corte de los suministros de agua y luz produce perjuicios de difícil reparación al afectado en la medida en que no se puede regar la finca ni usar la vivienda -que sí cuenta con licencia-, por lo que concurre el primer presupuesto para adoptar la medida cautelar, el periculum in mora. Por otro lado, desde la perspectiva de la apariencia de buen derecho de su pretensión, las normas urbanísticas solo contemplan como medida cautelar el corte de los suministros de agua y energía eléctrica en relación con los actos de ejecución sin licencia urbanística; pareciendo en el caso que la caseta estaba ya ejecutada, que es independiente y distinta a la vivienda y que el procedimiento y que el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística iniciado en el año 2009 se declaró caducado en el año 2012.

Con estos argumentos, estima el TSJ el recurso del afectado y, revocando el auto del juzgado de instancia, acuerda la suspensión cautelar de la ejecutividad del decreto y ordena reponer los suministros de agua y energía eléctrica de la finca.

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