CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

13/03/2015

Tribunal Supremo: la representación conferida al presidente de la comunidad de propietarios le faculta para demandar la reparación de los daños causados tanto a los elementos comunes como a los privativos del inmueble

La sentencia del Tribunal Supremo de 7 de enero de 2015 resolvió el litigo habido en un edificio, como consecuencia de numerosos defectos constructivos tanto en elementos comunes como privativos, por los que la comunidad de propietarios interpuso demanda contra el promotor, arquitecto, aparejador y constructor, interesando su condena a satisfacer un importe equivalente al coste de reparación de dichos defectos.

En instancia y en apelación se estimó la pretensión de la comunidad de propietarios, condenando a los demandados a la reparación de aquellos defectos constructivos que a lo largo del procedimiento judicial quedaron acreditados.

Sin embargo, en casación se planteó al Tribunal Supremo la cuestión de la legitimación del presidente de la comunidad de propietarios para reclamar aquellos defectos que se verificasen en elementos privativos del edificio: sosteniendo los demandados condenados que el presidente solo ostentaría legitimación para reclamar la reparación de aquellos defectos producidos en zonas comunes, correspondiendo a cada propietario particular la reclamación de los defectos propios de su vivienda.

El Tribunal Supremo niega ese carácter restringido de la legitimación del presidente: por el contrario, declara que para reclamar sobre los defectos constructivos en elementos privativos del edificio, la representación conferida legalmente a los respectivos presidentes merced a la Ley de Propiedad Horizontal les faculta para demandar la reparación de los daños causados tanto a los elementos comunes como a los privativos del inmueble, y no puede hacerse por los extraños discriminación en punto a si los distintos elementos objetivos son de titularidad dominical privada o común. Se extiende así las facultades del Presidente a la defensa de los intereses afectantes a los elementos privativos del inmueble, siempre que los propietarios lo autoricen.

Respecto de esta autorización, existe la presunción de que el Presidente está autorizado mientras no se acredite lo contrario, sin que haya razón alguna para reducir tal autorización a los vicios y defectos de construcción en elementos comunes, por afectar también al interés de la comunidad a los incumplimientos contractuales afectantes a viviendas en particular. Así, es suficiente con el acuerdo de autorización para el ejercicio de acciones judiciales sin que resulte necesario que se acompañe la autorización expresa de los propietarios para la reclamación de los daños ocasionados en los elementos privativos de la comunidad, salvo que exista oposición expresa y formal a la misma.

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