CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

27/02/2015

Los nuevos derechos de los accionistas en la reforma de la Ley de Sociedades de Capital

Nos referimos a las novedades que introduce la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, cuyo propósito declarado es reforzar el papel de la junta general de accionistas y fomentar su participación en los asuntos de la sociedad y en particular de las cotizadas en un mercado secundario oficial.

Derecho de información

La ley establece que los socios, con ocasión de la celebración de la junta general, pueden solicitar de los administradores aquella información que estimen relevante. La novedad en este ámbito consiste en que los administradores podrán negarse a proporcionar la información solicitada cuando a su juicio esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que puede utilizarse para fines ajenos a la sociedad (extrasociales) o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.

No obstante, la información solicitada no puede denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social; porcentaje que los estatutos sociales podrán reducir, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social.

En las sociedades cotizadas, las solicitudes de información, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por los administradores se incluirán en la página web de la sociedad.

Acuerdos impugnables

Son acuerdos impugnables, amén de aquellos contrarios a la Ley o los estatutos, aquellos que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios y de terceros.

La reforma precisa en qué consiste la lesión del interés social. Así, prevé expresamente que la lesión se produce también cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría; entendiéndose por tal aquel que, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios.

La legitimación para impugnar corresponde a aquellos socios que, ostentando esta condición antes de la adopción del acuerdo representen, individual o conjuntamente, al menos el uno por ciento del capital; con la posibilidad de que los estatutos reduzcan este porcentaje. En las sociedades cotizadas ese porcentaje será del uno por mil del capital social.

Responsabilidad de los administradores

El socio o socios que posean individual o conjuntamente una participación que les permita solicitar la convocatoria de la junta general (cinco por ciento), podrán entablar la acción de responsabilidad en defensa del interés social cuando los administradores no convoquen la junta general, cuando la sociedad no la entablare en el plazo de un mes, o bien cuando hubiera sido contraria a la exigencia de responsabilidad.

Éstos, además, podrán ejercitar directamente la acción social de responsabilidad cuando se fundamente en la infracción del deber de lealtad, sin necesidad -aquí la novedad- de someter la decisión a la junta general. Si la demanda fuera estimada, la sociedad estará obligada a reembolsar a los socios los gastos necesarios en que hubieran incurrido.

Acuerdos del consejo de administración

Con la reforma, los socios que representen el uno por ciento del capital social podrán impugnar los acuerdos del consejo de administración en el plazo de treinta días desde su adopción. En las sociedades cotizadas ese porcentaje será del uno por mil del capital social.

Sociedades cotizadas

Una de las principales novedades de la reforma consiste en la rebaja del porcentaje mínimo del cinco por ciento que la Ley de Sociedades de Capital exige a las sociedades anónimas para el ejercicio de determinados derechos de los accionistas, hasta el tres por ciento en las sociedades cotizadas, lo que afecta a materias como el nombramiento de experto que valore los activos de la sociedad en los casos de ampliación de capital, la solicitud de convocatoria de junta general o un complemento de la misma, la posibilidad de exigir el ejercicio de la acción social de responsabilidad o el derecho a solicitar auditor de cuentas del registrador mercantil.

Se reconoce la existencia de las asociaciones de accionistas que representen al menos el uno por ciento del capital social, así como los accionistas que tengan individual o conjuntamente una participación de, al menos, el tres por ciento del capital social, exclusivamente a efectos de facilitar su comunicación con los accionistas para el ejercicio de sus derechos y a la mejor defensa de sus intereses comunes.

Así, los accionistas de cada sociedad cotizada podrán constituir asociaciones específicas y voluntarias para ejercer la representación de los accionistas en las juntas de sociedades cotizadas y los demás derechos reconocidos. Entre otros requisitos, deberán estar integradas, al menos, por cien personas, no pudiendo formar parte de ellas los accionistas con una participación superior al 0,5 por ciento del capital con derecho de voto en la sociedad.

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social pueden presentar propuestas de acuerdo sobre asuntos incluidos en el orden del día de la junta convocada.

Se establece en mil el número máximo de acciones que los estatutos pueden exigir para asistir a la junta general.

Las entidades legitimadas como accionistas en virtud del registro contable de las acciones que actúen por cuenta de diversas personas, pueden fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido.

Página web y foro electrónico

Las sociedades anónimas cotizadas deberán disponer de una página web para atender el ejercicio del derecho de información por parte de los accionistas y para difundir la información relevante exigida sobre el mercado de valores; donde se habilitará un foro electrónico de accionistas, donde podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del días anunciado en la convocatoria, así como adhesiones a las mismas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, o formular ofertas o peticiones de representación voluntaria.

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