CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

20/02/2015

Tribunal Supremo: el acuerdo de la junta que expresamente autorice a su presidente a interponer acciones judiciales no es necesario en los supuestos en que ejercite acciones judiciales no en calidad de tal sino individualmente como copropietario

Una empresa inmobiliaria promovió la construcción de un edificio en Melilla y, en mayo de 2003, entregó el mismo a los compradores de sus 35 viviendas. Inmediatamente a dicha entrega, los propietarios advirtieron la existencia, en zonas comunes y privativas del edificio, de defectos de construcción, así como que las calidades no coincidían en numerosos casos con las ofertadas y contratadas en su día.

Ello motivó una demanda por parte de la comunidad de propietarios contra el promotor, la constructora y el arquitecto, reclamando una indemnización por estos conceptos y otros que, tras su paso por el juzgado de primera instancia y la Audiencia Provincial de Málaga, se sustanció en una condena solidaria a los demandados por un importe de 138.179 euros.

Llevado el asunto a casación por la promotora, discute ésta la legitimación del presidente de la comunidad de propietarios para interponer acciones judiciales en nombre de la misma puesto que, en el caso, no constaba ningún acuerdo de la junta de propietarios que le facultara expresamente a ello.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 30 de diciembre de 2014, desestima el recurso de la promotora. Aunque admite la doctrina que exige el previo acuerdo de la junta de propietarios que expresamente autorice a su presidente a interponer acciones judiciales, recuerda, sin embargo, que dicha doctrina admite un par de matices. Así, no es necesario el acuerdo de la junta cuando en los estatutos de la comunidad se prevea expresamente lo contrario, ni en los supuestos en que el presidente ejercite acciones judiciales no en calidad de tal sino individualmente como copropietario; resultando del caso que el presidente de la comunidad había sido autorizado por los demás para interponer la demanda que dio origen al proceso del que deriva el recurso, por lo que no se podía entender que hubiera litigado sin estar legitimado para ello.

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