CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

23/01/2015

Audiencia Nacional: el derecho a la presunción de inocencia ampara al contribuyente frente a la administración tributaria, que ha de probar y motivar su culpabilidad para imponer una sanción

En el caso, la inspección tributaria llevada a cabo por la Delegación de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria a una empresa -fabricante de automóviles-, determinó la regularización de las bases imponibles de su impuesto de sociedades por medio de un acuerdo de liquidación y sus correspondientes acuerdos sancionadores.

El acuerdo de liquidación tuvo por objeto determinados ajustes positivos al resultado contable y la aplicación de provisiones por depreciación de sus existencias, de las acciones de una entidad participada argentina y de sus acciones propias como consecuencia de sucesivas ampliaciones de capital, así como las comisiones pagadas a una tercera entidad por intermediación en el pago a determinados proveedores, que la empresa contabilizó como partidas deducibles y que la Agencia Tributaria calificó de improcedentes.

Tras confirmar el Tribunal Económico-Administrativo Central la regularización practicada y la sanción, la empresa interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional la cual, aunque mantuvo la legalidad del acuerdo de liquidación y la regularización practicada, estimó el recurso en cuanto a la sanción y acordó su anulación por no apreciar culpabilidad en la conducta de la empresa.

En su sentencia de fecha 11 de diciembre de 2014, trae a colación la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, poniendo en relación el principio de culpabilidad con la presunción de inocencia, señala que ésta garantiza el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual la Administración pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad.

Así, la Administración ha de probar, por un lado, los hechos constitutivos de la infracción, la participación del infractor y las circunstancias que fundamenten un criterio de graduación, que ha de motivar; y por otro, la culpabilidad que justifique la imposición de la sanción, lo que exige una motivación específica, de forma que una resolución sin motivación de la culpabilidad vulnera el derecho del contribuyente a la presunción de inocencia.

Merced al derecho a la presunción de inocencia, no es el interesado el que ha de probar ni argumentar la falta de culpabilidad, sino que ha de ser la Administración la que demuestre la ausencia de diligencia. Solo cuando ésta ha razonado en términos precisos y suficientes en qué hechos basa la existencia de culpabilidad, es cuando procede exigir al interesado la prueba de una circunstancia excluyente de la culpabilidad.

La Audiencia Nacional aplica este criterio a este caso por entender que no se ha acreditado la culpabilidad de la recurrente, teniendo en cuenta que eran aplicables al caso normas nacionales y comunitarias, un convenio de doble imposición, y atiende al hecho de que no hubo ocultación de dato alguno que revelase un especial ánimo defraudatorio, a lo que también contribuye la complejidad de las operaciones realizadas.

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