CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

16/01/2015

Audiencia Nacional: no existe un derecho incondicionado de la Administración a prorrogar la duración de las actuaciones inspectoras más allá del plazo general de doce meses

La demandante, una empresa inmobiliaria, fue objeto de una inspección tributaria iniciada el 26 de febrero de 2003 -como se verá, la precisión en las fechas es fundamental-, en relación al impuesto de sociedades que aquella presentó y liquidó en 1998.

El 13 de febrero de 2004, cerca de cumplirse los doce meses dentro de los cuales debían completarse las actuaciones inspectoras, se acordó la ampliación del plazo de duración de las mismas a 24 meses. En aquella ocasión, el inspector justificó la necesidad de ampliación en la especial complejidad de la investigación, que determinaba la imposibilidad de terminar las investigaciones en plazo.

Del total plazo de duración, 157 días se imputaron a dilaciones de la empresa, no discutidas por ésta.

Tras la inspección se incoó acta de disconformidad el 26 de mayo de 2004, merced a la cual la Inspección dictó Acuerdo de Liquidación, notificado el 10 de noviembre de 2004, por el que se incrementaba la base imponible del impuesto y, con posterioridad, se impuso una sanción tributaria.

Disconforme, la empresa acudió al Tribunal económico-administrativo de su región y, desestimado su recurso, a la vía judicial contenciosa, oponiendo entre otras cuestiones la prescripción del derecho de la administración tributaria a liquidar la deuda tributaria, argumentando que el acuerdo de ampliación del plazo de las actuaciones inspectoras carecía de motivación y negando asimismo que concurriera una especial complejidad en la investigación.

La Audiencia Nacional, en sentencia de 23 de diciembre de 2014, estima la demanda de la empresa y declara prescrito el derecho de la administración para la determinación de la deuda tributaria de la empresa.

Sentado que el derecho de la administración para liquidar las deudas tributatias prescribe a los cuatro años desde la fecha de liquidación de los impuestos, la Audiencia estima que el acuerdo de ampliación carecía de motivación, negando complejidad a las actuaciones inspectoras, dado que diversas solicitudes de información remitidas por la inspección a otras empresas fueron remitidas durante el mes de abril de 2003, y que durante los ocho meses siguientes la investigación permaneció detenida.

Añade que a la fecha del levantamiento del acta, teniendo en cuenta que las actuaciones se habían iniciado el 26 de febrero de 2003, habían transcurrido 455 días; si a este periodo se le restan los 157 días de dilaciones imputables a la empresa, resulta que solo se habían consumido 298 días del total de los 365 legalmente establecidos, por lo que, aún restaban 67 días para la finalización del plazo inicial de los doce meses, careciendo la Inspección de impedimento para dictar el Acuerdo de liquidación dentro del plazo legal sin necesidad de ampliar el plazo.

Según constante jurisprudencia, no existe un derecho incondicionado de la Administración a prorrogar la duración de las actuaciones inspectoras, siendo el plazo de doce meses la regla general, y su prolongación excepcional mediante acuerdo motivado cuando concurran particulares circunstancias que han de ser debidamente acreditadas y razonadas y que impidan o dificulten la culminación de las actuaciones en dicho plazo.

En el caso presente -señala la Audiencia Nacional- no solo es que el acuerdo de ampliación hubo de reputarse inmotivado, al no expresar las razones que impidieron la terminación del procedimiento dentro del plazo en relación con las concretas actuaciones inspectoras, sino que de hecho no concurría especial complejidad, por cuanto las actuaciones inspectoras, hasta la fecha de incoación del acta, se efectuaron dentro de dicho periodo, siendo por el contrario la tardanza de la Administración en dictar el posterior acuerdo de liquidación lo que produjo que la duración real del procedimiento se prolongara hasta el 10 de noviembre, que en ningún caso podía atribuirse a la empresa; lo que lleva a la conclusión de resultar improcedente ampliar el plazo a otros 24 meses, al no concurrir razones para ello.

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