CARLOS ALBERTO PÉREZ LÓPEZ

ABOGADO

21/11/2014

Reforma de la ley de propiedad intelectual: los instrumentos de reacción frente a la vulneración de derechos de propiedad intelectual

La implantación generalizada e intensiva de las nuevas tecnologías ha multiplicado los riesgos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual. En el entorno digital, es especialmente común que las conductas vulneradoras cometidas sean a menudo posibilitadas y magnificadas por la intervención de terceros cuya conducta excede en ocasiones de una mera intermediación o de una colaboración técnica, pasando a constituirse en modelos de negocio ilícitos fundamentados en el desarrollo de actividades vulneradoras de terceros a quienes inducen en sus conductas, con quienes colaboran o respecto de cuya conducta tienen facultades de control.

La Unión Europea no permanece ajena a este panorama, sino que promueve un proceso de armonización del Derecho sustantivo nacional de sus Estados miembros en el ámbito de la propiedad intelectual, de forma que la protección de éstos sea uniforme en el entorno comunitario y se ofrezca cierta seguridad a las industrias culturales y creativas.

En este contexto se ha aprobado la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, publicada el 5 de noviembre de 2014 en el BOE.

Entre las medidas que contiene se cuentan aquellas que tienen por objeto mejorar la eficacia de los mecanismos legales para la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital, estableciendo unos elementos legales básicos para enjuiciar la licitud de estas conductas y formular criterios respecto de los supuestos en que puede producirse responsabilidad de un tercero que incurre en una infracción de derechos de propiedad intelectual; medidas que entrarán en vigor en España el 5 de enero de 2015.

Cese de la actividad infractora

El titular de los derechos de propiedad intelectual puede pedir el cese de la actividad infractora y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados al infractor; pudiendo dirigir las concretas medidas concretas de cesación también contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción.

Debe distinguirse la actividad que el titular de los derechos infringidos puede desplegar en reclamación de los daños y perjuicios que le sean provocados por la infracción de sus derechos de propiedad intelectual, que en su caso se sustancia ante los jueces y tribunales del orden civil, de aquellas medidas que puede tomar la administración por los mismos hechos para el restablecimiento de la legalidad, que tienen carácter administrativo y pueden terminar con una sanción, recurrible ante los tribunales del orden contencioso-administrativo.

La Comisión de Propiedad Intelectual

Es el órgano administrativo encargado de la salvaguarda de los derechos reconocidos y protegidos, lo cual se sustancia a través del procedimiento administrativo de restablecimiento de la legalidad previsto en la ley de propiedad intelectual, en marco del cual puede tomar, en su caso, las medidas de protección que la ley pone a su disposición.

Requerimiento previo al infractor

Previo a la incoación del procedimiento por denuncia del titular de los derechos, es preceptivo el intento de requerimiento de retirada al servicio de la sociedad de la información presuntamente infractor solicitando la retirada de los contenidos específicos ofrecidos sin autorización; siendo suficiente dirigir dicho requerimiento a la dirección electrónica que el prestador facilite al público a efectos de comunicarse con el mismo.

No es necesario el previo intento de requerimiento de retirada si el presunto infractor no facilita una dirección electrónica donde formular el mismo.

Si por el contrario el requerimiento resulta infructuoso, puede el titular denunciar la actividad infractora a la Comisión de Propiedad Intelectual, que activará el procedimiento previsto en la reforma y lo dirigirá contra los responsables de la infracción, requiriéndoles la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores.

Si el responsable de la infracción procede a la interrupción de la prestación del servicio o la retirada voluntaria de las obras y prestaciones no autorizadas, tendrá ello valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración de derechos de propiedad intelectual y se pondrá fin al procedimiento administrativo.

Determinación del infractor responsable

La ley introduce un amplio criterio de responsabilidad, señalando como infractor, amén de aquel que accede de forma ilícita a obras protegidas, a quien induzca dolosamente la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor.

Se entenderá que los prestadores de servicios de la sociedad de la información vulneran derechos de propiedad intelectual por obras no autorizadas a las que sea posible acceder a través de su servicio, o por facilitar la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral. En particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.

Lo anterior no afecta a prestadores que desarrollen actividades de mera intermediación técnica, como puede ser, entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos o cuya actividad no consista en facilitar activa y no neutralmente la localización de contenidos protegidos ofrecidos ilícitamente de manera indiciaria o que meramente enlacen ocasionalmente a tales contenidos de terceros.

Medidas de protección

Si el infractor no procede voluntariamente a la retirada de los contenidos que vulneren derechos de propiedad intelectual, la Comisión de Propiedad Intelectual podrá disponer la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de aquellos contenidos que hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial.

También podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de publicidad, requiriéndoles para que suspendan el correspondiente servicio que faciliten al prestador infractor; asimismo, podrá disponer el bloqueo del servicio de la sociedad de la información por parte de los proveedores de acceso de Internet.

Cancelación del dominio

En el caso de prestarse el servicio utilizando un nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) u otro dominio de primer nivel cuyo registro esté establecido en España, la Comisión de Propiedad Intelectual notificará los hechos a la autoridad de registro a efectos de que cancele el nombre de dominio, que no podrá ser asignado nuevamente en un periodo de, al menos, seis meses.

Incumplimiento de los requerimientos de retirada

El incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores, que resulten de resoluciones finales, por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información constituirá, desde la segunda vez que dicho incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción administrativa muy grave sancionada con multa de entre 150.001 hasta 600.000 euros.

La reanudación por dos o más veces de actividades ilícitas por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información también se considerará incumplimiento reiterado a los efectos de este apartado.

Se entenderá por reanudación de la actividad ilícita el hecho de que el mismo responsable contra el que se inició el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la primera ocasión, previa a la retirada voluntaria de los contenidos.

Incurrirán en estas infracciones los prestadores que, aun utilizando personas físicas o jurídicas interpuestas, reanuden la actividad infractora.

Consecuencias accesorias de la conducta infractora

Cuando así lo justifique la gravedad y repercusión social de la conducta infractora, la comisión de la infracción podrá llevar aparejada la publicación de la resolución sancionadora en el BOE, a costa del sancionado, en dos periódicos nacionales o en la página de inicio del sitio de internet del prestador, así como el cese de las actividades declaradas infractoras del prestador de servicios durante un período máximo de un año.

Infracciones cometidas fuera de la Unión Europea

Cuando las infracciones hubieran sido cometidas por prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia, Liechtenstein) pero cuyos servicios se dirijan específicamente al territorio español, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquéllos por un periodo máximo de un año.

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